Oviedo, 20 oct (EFE).- La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, ha garantizado hoy que la reforma de la ley y del reglamento del salario social para evitar una situación «de atasco» como la actual no supondrá que esta prestación deje de ser indefinida como se contemplaba hasta ahora en la normativa vigente.
Díaz ha trasladado hoy al Consejo Asesor de Bienestar Social las propuestas de modificación de la ley y el reglamento del salario social en las que su departamento trabaja desde hace meses para agilizar y acortar la tramitación del salario social, cuyos demandantes se incrementan a un ritmo del 10 por ciento anual.
Con la modificación elaborado por la Consejería, se simplificarán los trámites y los requisitos previstos en la norma para otorgar la prestación, una vía excepcional por la que se podrá optar cuando se den circunstancias como son que el plazo medio de tramitación exceda el doble del legalmente establecido (tres meses) y que la lista de espera supere las 1.300 solicitudes un trimestre consecutivo.
Según ha informado el Gobierno, con este trámite de urgencia se concederá la prestación a los solicitantes mediante una resolución provisional en un plazo de dos meses desde la presentación de los documentos y con acreditaciones mínimas para ser perceptor.
La resolución definitiva se dictará en un plazo máximo de un año, periodo en el que se analizará toda la documentación presentada y se solicitará la información necesaria para completar el expediente.
Será en ese momento cuando, si procede, se abonen los atrasos correspondientes o, en caso de que no se haya justificado correctamente el cumplimiento de los requisitos, el beneficiario tenga que devolver las cantidades abonadas.
Esta tramitación excepcional deberá ser autorizada por el Consejo de Gobierno y tendrá una duración de doce meses, prorrogable por otros tantos más, una limitación temporal que se establece sólo para el trámite de urgencia y que, según Díaz, no afectará a la duración de la prestación del salario social, que seguirá siendo indefinida.
Según la Consejería, estos cambios normativos se suman a otras medidas adoptadas previamente en relación con el incremento de la plantilla, la implantación de la nueva aplicación informática y las mejoras en la organización del trabajo.
En cuanto al Reglamento General del Salario Social Básico su modificación tendrá el doble objetivo de ajustar los plazos para agilizar el procedimiento y evitar situaciones «que van contra el espíritu de la ley».
Así, se eliminarán las deducciones en el conjunto de ingresos (multas, sanciones y embargos), se corregirán las desigualdades de trato en el cómputo actual del conjunto de pensiones, sobre todo las no contributivas, y se reforzará el papel de los programas personalizados de incorporación social (PEPI’s).
Estos programas servirán, según Bienestar Social, como control y derecho de los perceptores y su seguimiento se realizará en coordinación con los trabajadores sociales de los ayuntamientos.
