Oviedo, 10 abr (EFE).- La consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, ha culpado hoy al Gobierno central de que unos 700 beneficiarios de la ayuda a domicilio hayan dejado de tener esta prestación por las condiciones y el elevado copago impuesto por el Gobierno central, que en Asturias se aplica desde julio del año pasado.
Según la consejera, de los 2.500 beneficiarios de la ayuda a domicilio que había en Asturias, un servicio que hasta el pasado verano era casi gratuito y que se pagaba a los ayuntamientos, se ha pasado en la actualidad a unos 1.800 como consecuencia de la normativa estatal que obliga a altos copagos.
Díaz se ha pronunciado en estos términos en el pleno de la Junta General del Principado, al ser interpelada por la diputada del PP Victoria Delgado sobre las política que aplica su departamento en materia de ayuda a domicilio, y por la de IU, Noemí Martín, en relación con el copago de servicios.
Según la diputada popular, muchos usuarios se están viendo perjudicados por «decisiones que llegan tarde y mal aplicadas» y que llevan a muchos beneficiarios a que no puedan seguir contando con esta ayuda a domicilio.
Martín, por su parte, ha pedido a la consejera que no convierta a Asturias en la comunidad más cumplidora en materia de recortes y ha mostrado su preocupación por la gestión que está llevando la Consejería al aplicar los copagos.
La consejera, que ya había anunciado la semana pasada que este año se va a rebajar el precio que se paga por la ayuda a domicilio, ha incidido en que su departamento «sigue trabajando denodadamente» para tratar de reducir en lo posible el «copago tan alto» que por normativa estatal se ha impuesto a la ayuda a domicilio.
«Estamos tomando todas las medidas jurídicas y económicas posibles y aprovechando cualquier resquicio para sujetar la ley de la dependencia en Asturias», ha afirmado la consejera, que ha reclamado la necesidad de que el Gobierno central «dé marcha atrás para que los efectos de los recortes y la crisis no incidan una vez más en los más vulnerables, como son los dependientes».
Díaz ha insistido en que el Gobierno asturiano se está viendo «obligada a firmar resoluciones de más copago y menos derechos» porque no se plantea incumplir con una normativa estatal que es de obligado cumplimiento, pero que eso no le impide continuar buscando todos los resquicios posibles para intentar rebajar los precios que tienen que afrontar los beneficiarios de este servicio.
Asimismo, ha anunciado que el Gobierno asturiano va a rebajar esta semana el copago de los usuarios de centros de día y atención residencial mediante una resolución que beneficiará a 2.743 personas-
Según la consejera, esta nueva medida contribuye a paliar los efectos de la aplicación de las modificaciones que el Gobierno de España introdujo en la Ley de Dependencia en el Consejo Territorial del verano de 2012.
Previamente, el consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre, había respondido a otra interpelación de la diputada de Foro María del Carmen Fernández sobre las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno para prevenir la siniestralidad laboral.
Fernández ha incidido en que es «muy preocupante y alarmante» que durante 2013 aumentasen los accidentes mortales en el Principado un 66 por ciento, con 25 víctimas.
No obstante, ha señalado que también preocupa y deben tomarse medidas ante el incremento de los accidentes laborales de toda índole que se registran en la región ya que en enero se produjeron 891, frente a los 829 del mismo mes del pasado año.
El consejero, sin embargo, ha asegurado que es pronto para decir que este año se estén incrementando los accidentes y ha recordado que hay en marcha un plan, con vigencia hasta 2015, que ha sido consensuado con los agentes sociales.
Según Torre, la práctica totalidad de las 41 líneas de actuación recogidas en este plan de salud, seguridad y medioambiente laboral 2013-2015 se estarán ejecutando o aplicando a lo largo de este mismo año.