Oviedo, 11 mar (EFE).- La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha reconocido el derecho de los funcionarios de la Junta General a percibir una parte de la paga extra de diciembre de 2012, que fue anulada por decreto por el Gobierno central para todos los empleados públicos.
La sentencia responde a un conflicto colectivo planteado por CCOO que estima parcialmente el recurso contra el acuerdo del presidente de la Cámara asturiana, el socialista Pedro Sanjurjo, que autorizaba el pago de las nóminas de diciembre de dicho año.
La resolución, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, reconoce a los más de 70 funcionarios del Parlamento regional el derecho a percibir la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de junio y el 14 de julio de ese año.
Así, incide en que el Real Decreto que suprimía el pago de la extra de diciembre en las administraciones públicas entró en vigor el 15 de julio de 2012 y considera no es aceptable una interpretación judicial que haga extensiva la eliminación de los pagos correspondientes a los días trabajados desde el 1 de junio y hasta mediados del mes siguiente.
Esta resolución viene a confirmar las dictadas en el mismo sentido por los tribunales atendiendo a las reclamaciones individuales promovidas por el sindicato USIPA que afectaban a 28 trabajadores de la Cámara autonómica.
En un comunicado, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO muestra su satisfacción por esta sentencia que se suma a las que se han ido conociendo en los ámbitos estatal, autonómico y local «que acreditan que, al menos, una parte del Decreto adoptado por el gobierno de Mariano Rajoy no era sólo injusta sino además ilegal».
El sindicato, que estudia recurrir la sentencia al reconocer sólo el derecho a una parte de la paga extra y no a toda, señala además que deja en evidencia la «pasividad» del Gobierno asturiano «que prefiere que los juzgados le hagan el trabajo sin poner nada de su parte para solucionar la discriminación que las sentencias están produciendo entre diversos colectivos de empleados públicos».
En este sentido, reiteran su exigencia al Principado de abrir un proceso negociador tendente a restituir la parte proporcional de la paga extra a todo su personal, «independientemente de su naturaleza jurídica, tengan o no sentencia favorable que se lo reconozca».
