Oviedo, 19 nov (EFE).- El consejero de Presidencia del Principado, Guillermo Martínez, ha abogado hoy porque la futura Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el Gobierno central tenga una perspectiva «global e integral».
«La seguridad tiene muchas caras y es necesario garantizarla, pero también el ejercicio de los derechos constitucionales», ha señalado Martínez a preguntas de los periodistas durante la visita que ha realizado al parque de bomberos de Llanes.
Martínez ha incidido en que es «falso» que no exista una política de seguridad «progresista o conservadora» y ha garantizado que el Principado «siempre» va a colaborar con la Delegación del Gobierno en este ámbito tras advertir de que el Ejecutivo regional desconoce aún el texto que finalmente aprobará el Consejo de Ministros.
Conducir una «cunda» (los taxis de la droga), insultar a un policía, ejercer o demandar la prostitución en lugares donde haya presencia de niños o donde se ponga en peligro la seguridad vial, alterar el orden público encapuchado o realizar escraches se multarán por ley.
Veintiún años después de la llamada «ley Corcuera», polémica por la conocida como «la patada en la puerta» que el Tribunal Constitucional tumbó, el Gobierno de Mariano Rajoy prepara un nueva Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo anteproyecto verá previsiblemente el Consejo de Ministros el próximo viernes.
Un texto redactado en paralelo a la reforma del Código Penal y que pretende compensar la eliminación de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas, que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave, grave o leve.
Además, contempla que los se hagan cargo de la sanción económica por los daños que causen sus hijos en acciones violentas de forma que cuando un menor cause daños por perturbación del orden público en el mobiliario urbano o cometa cualquier infracción multada en la futura ley, serán sus progenitores los que tengan que asumir el pago.
