El PP de Gijón celebrará un nuevo congreso el próximo 7 de febrero

mercedesOviedo, 21 ene (EFE).- El Comité Ejecutivo Regional del PP de Asturias ha convocado hoy un congreso local en Gijón para el 7 de febrero tras la sentencia que anula el celebrado en octubre en el que David González Medina fue elegido presidente en un cónclave denunciado ante los tribunales por la candidatura de Ignacio Riestra.

Esta decisión ha sido adoptada en una reunión urgente del Comité Ejecutivo Regional de esta formación para abordar la situación creada tras la resolución judicial celebrada antes de llevar a cabo el encuentro ordinario de este órgano convocado para esta tarde.

El acuerdo, que ha hecho público la presidenta regional del PP, Mercedes Fernández, incluye la decisión de no recurrir la sentencia dictada por los tribunales y acatarla en su integridad.

Además, el Comité Ejecutivo Regional asumirá hasta la celebración del congreso el gobierno de la Junta Local del partido a través de un grupo de nueve militantes del PP gijonés entre los que figurará el hasta ahora presidente David González Medina.

Según ha señalado Fernández, esta medida figura en los estatutos regionales y nacionales del partido que contemplan incluso la posibilidad de que esta situación se prolongue durante un periodo máximo de seis meses aunque, en este caso, la dirección del PP confía en que la situación se resuelva en el nuevo congreso local.

«Es una sentencia que no compartimos pero que no vamos a recurrir», ha señalado Fernández pese a que pocas horas antes la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, había anunciado que el partido adoptaría esta decisión.

De cara al próximo congreso, el PP cumplirá todos los aspectos recogidos en la resolución judicial, incluido el hecho de facilitar el censo de militantes a los precandidatos al congreso y, en el ámbito interno, se declarará la nulidad de todos los acuerdos adoptados por la dirección local elegida en octubre y los nombramientos realizados por este órgano.

La decisión ha sido adoptada por unanimidad del órgano de dirección del partido con la excepción de la senadora Laura Sampedro, que se ha mostrado en contra de esta decisión.

El fallo, que impone al PP el pago de las costas, atendía todos los puntos de la demanda de Riestra y anulaba parcialmente el reglamento del congreso aprobado por el Comité Ejecutivo Regional, así como la votación de la composición de la mesa del cónclave.

La sentencia apuntaba que si se ha impedido a Riestra preparar «debidamente» el cónclave «negándole» una información que «era esencial y que, en la práctica, se ha traducido en que ni siquiera pudo someter su candidatura a votación» es «evidente que todo el proceso congresual resulta viciado de nulidad».

Tras conocer el contenido de la sentencia, los cinco concejales del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Gijón han considerado que la dirección regional del partido ha quedado «desautorizada» y «debería dar un cambio de rumbo importante».

Así, su portavoz, Manuel Pecharromán, ha pedido que la dirección nacional «tome cartas en el asunto» y ha advertido de que la sentencia «no puede ser más clara, demoledora y rotunda» y sienta un «importantísimo precedente a nivel nacional».

«Es un triunfo de la democracia sobre el intento de algunos de saltarse la ley y ha tenido que ser un juez el que devuelva la democracia al PP de Gijón», ha advertido.

Pecharromán, que ha abogado por «buscar soluciones» que no pasen por «la imposición» ni el «intento de control», ha dicho que la dirección nacional también debería «tomar cartas en el asunto», porque, a su entender, es la «única forma de que haya garantías».

En su opinión, Cospedal tiene que pedir explicaciones «a las personas que no le facilitaron la información completa de lo que había pasado» y ha considerado que «hay personas» que «ante un caso como éste pueden dimitir, cambiar de actitud o pedir disculpas», aunque ha evitado citar ningún nombre de la cúpula regional.

Preguntado sobre la presidenta de los populares asturianos, Mercedes Fernández, ha manifestado que «es difícil presentarse ante los electores» para alguien que «ha legitimado» este proceso.