Oviedo, 16 jul (EFE).- El diputado regional del PP Luis Venta ha asegurado hoy que el Gobierno del Principado ha iniciado una «persecución» contra los ganaderos asturianos, a los que ha «abandonado a su suerte», a través de prohibiciones y sanciones.
Entre estas medidas sancionadoras, Venta ha destacado la prohibición de realizar sacrificios de urgencia en mataderos, como los que se llevaban a cabo hasta hace un tiempo cuando los animales sufrían un accidente que implicaba alguna lesión como la fractura de un hueso, ha explicado.
Según el diputado popular, la normativa actual del Principado prohíbe que estos animales heridos sean sacrificados de urgencia en el matadero y obliga a los ganaderos a hacerlo en su propia explotación.
Esta práctica implica, según ha dicho Venta, que debido a las «malas condiciones del lugar» los animales sacrificados vayan, en muchas ocasiones, directos a la planta de destrucción de Cogersa, lo que origina «grandes pérdidas para el sector ganadero».
El PP de Asturias ha estimado que esta prohibición ha ocasionado que aproximadamente unos 750 animales hayan han ido a la planta de destrucción, en lugar de haberse aprovechado su carne, lo que, según ha señalado Venta, ha provocado pérdidas económicas de hasta un millón de euros.
Otra de las medidas del Gobierno regional criticadas por Venta ha sido la supresión del servicio de guardias en mataderos en festivos y fin de semana, una medida, ha indicado el diputado, que sigue la tendencia del PSOE, «que se limita a prohibir, sancionar y recaudar».
Según ha indicado Venta, el Principado impulsa estas medidas siguiendo la normativa europea, aunque desde el PP afirman que «se trata de una interpretación del reglamento, que no prohíbe en absoluto esas prácticas».
El diputado popular ha asegurado que desde el PP impulsarán un servicio de guardias en mataderos que «garantice el bienestar de los animales, la máxima calidad de producto y que además frene las pérdidas económicas».
Por otro lado, ha acusado a las consejerías de Agroganadería y Sanidad de «politizar una marca de calidad, como la de la ternera asturiana», y ha culpado al Principado del «calvario que está sufriendo el sector ganadero de la región».
