Madrid, 15 feb (EFE).- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debatirá muy probablemente en su próximo pleno del 27 de febrero una propuesta de informe que será crítica, a la luz de la doctrina sobre derechos fundamentales del Tribunal Constitucional, con algunos aspectos de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Fuentes del citado órgano del Poder Judicial han informado a Efe de que el borrador que actualmente está siendo elaborado en el CGPJ y que tendrá carácter técnico-jurídico (y no político) cuestionará algunos aspectos de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, que otorga capacidad sancionadora a la Administración sobre conductas que no son delito.
La Comisión Permanente del CGPJ aceptó el pasado 7 de enero la propuesta del presidente del órgano de gobierno de los jueces y del Supremo, Carlos Lesmes, de que fueran los vocales María Victoria Cinto y Wenceslao Olea los encargados de dar forma a la propuesta que debatirá el pleno, un trabajo que todavía no ha sido concluido.
Lo que en estos momentos existe en el órgano de gobierno de los jueces es un borrador que aún debe perfilarse para finalmente ser debatido por todos los vocales, muy probablemente, el próximo 27 de febrero, en el pleno del CGPJ, que celebra uno al mes.
El informe resultante no vinculará al Parlamento sobre cuál deberá ser definitivamente la redacción de la norma, pero de ser crítico -como todo parece indicar en este momento- sus objeciones se sumarían a las que ya ha hecho públicas otro órgano consultivo, el Consejo Fiscal.
El pasado 6 de febrero el Consejo Fiscal informó sobre el anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y señaló que esta norma permite un excesivo margen de discrecionalidad policial.
En su informe, el Consejo Fiscal incluso dudaba de la constitucionalidad de medidas de seguridad extraordinarias previstas como la prohibición del paso y la retención de personas, sobre las que decía que debe haber mayor concreción de condiciones y requisitos en la norma que los establece.
Aquel informe cuestionaba también la seguridad jurídica y la proporcionalidad de castigar como infracción grave el alterar la seguridad usando capuchas, cascos, prendas u objetos que cubran el rostro.
El informe, firmado por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, valoraba que el anteproyecto enriquece la regulación del procedimiento sancionador con previsiones no contempladas en las leyes vigentes y actualiza otras, pero sugería modificaciones en el texto actual.
