El Gobierno de Asturias ha solicitado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, la convocatoria de forma urgente de la Conferencia Sectorial de Justicia, con el objeto de abordar el anteproyecto de la llamada Ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. El Ejecutivo del Principado considera que una iniciativa legislativa de esta trascendencia social exige ser analizada y debatida, como prevé la reglamentación de este órgano que acoge a las administraciones autonómicas y general del Estado.
El Gobierno del Principado mostró desde el primer día de su aprobación por el Consejo de Ministros, el pasado 20 de diciembre, su preocupación y alarma por esta iniciativa legislativa y anunció que la estudiaría con detalle y las respuestas a adoptar. Una de ellas ha sido remitir una carta, el pasado martes, al ministro de Justicia para solicitar la convocatoria de forma urgente de la Conferencia Sectorial de Justicia, con el objeto de abordar este anteproyecto legislativo
El Ejecutivo del Principado considera que se trata de una iniciativa hecha a espaldas a la sociedad española, tanto de las comunidades autónomas, como de las asociaciones de mujeres y de los colectivos de los profesionales de la sanidad. El pasado 16 de diciembre, el consejero de Presidencia y portavoz del Principado, Guillermo Martínez acudió a la Conferencia Sectorial de Justicia con los representantes de las otras 16 comunidades autónomas. Sobre la mesa se pusieron 18 proyectos legislativos que el Gobierno de España tramita. Nada se dijo sobre el anteproyecto de la interrupción voluntaria del embarazo. Y eso, que el titular de Presidencia de Asturias preguntó expresamente por esta iniciativa. Cuatro días después, el Consejo de Ministros aprobó la llamada Ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada.
Ante esta situación, el Gobierno del Principado se ha dirigido al ministro de Justicia solicitado la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Justicia para que los representantes de las comunidades autónomas trasladen sus opiniones y objeciones. Una solicitud que se formula en base al reglamento vigente, donde se especifica que entre las funciones del pleno de la Conferencia Sectorial de Justicia están “debatir y analizar, con carácter previo a su tramitación, los anteproyectos de carácter general promovidos por el Ministerio de Justicia, con especial atención a aquellos proyectos que impliquen modificaciones de la legislación orgánica”.
El Gobierno del Principado quiere trasladar la profunda preocupación que genera entre los asturianos y las asturianas esta contrarreforma legislativa y manifestar el más firme rechazo sobre las negativas consecuencias que tendrá para las mujeres, los profesionales sanitarios y, en definitiva, para la calidad democrática de España, que se ha convertido en una referencia mundial en políticas de igualdad y en derechos sociales.
