El Gobierno de Asturias ha aprobado hoy el decreto de protección y control ambiental industrial, que refuerza y regula la relación entre la autoridad autonómica y las aproximadamente 500 instalaciones de mayor potencial contaminante del Principado.
La norma establece los principios y objetivos de la inspección ambiental, así como la planificación y las facultades del Ejecutivo. También fija las obligaciones de las empresas, que deberán facilitar las acciones de comprobación, contar con un ‘representante ambiental’ e informar y actuar cuando se produzca cualquier situación anómala que pueda suponer una amenaza o un daño para el medio ambiente o la salud de las personas. Asimismo, las compañías tendrán que vigilar sus emisiones a la atmósfera.
El texto crea y regula la figura de los organismos de control ambiental como entidades de inspección o laboratorios de ensayo acreditados en los campos de atmósfera, aguas, residuos, suelos contaminados y ruido. Estos órganos ejercerán sus funciones a instancia de las instalaciones industriales o a requerimiento del Principado.
La legislación europea avanza hacia la sustitución del control a priori de las administraciones por la vigilancia a posteriori, con el fin de que no se ralentice el inicio de las actividades económicas. En todo caso, esto no supone una pérdida de capacidad por parte de las autoridades, sino un cambio en el momento en el que se lleva a cabo el control. Las leyes estatales recogen, además, la posibilidad de que las comunidades se apoyen en entidades externas acreditadas para la ejecución de labores de inspección y control.
– Instrucciones técnicas
El decreto faculta al titular de la consejería con competencias en materia de medio ambiente para dictar instrucciones técnicas que concreten procedimientos de control de emisiones, así como modelos para los documentos de vigilancia que deben elaborar las empresas de acuerdo con lo requerido en su autorización ambiental.
En este sentido, el Principado ultima ya la redacción de tres instrucciones que desarrollarán el decreto aprobado hoy en otros tantos ámbitos: la gestión de las estaciones de inmisión atmosférica, el control de las emisiones por chimenea y el de las denominadas emisiones difusas.
– Inspección ambiental
La directiva europea de 2010 de emisiones industriales obliga a las administraciones a contar con un sistema de inspección ambiental y a elaborar planes plurianuales -que se ejecutan mediante programas anuales- y que se aplican a las industrias incluidas en el régimen europeo integrado de prevención y control de la contaminación. En el Principado hay cerca de 80 instalaciones de estas características, que operan bajo un permiso ambiental único: la autorización ambiental integrada.
Desde 2014 se han aprobado programas anuales de inspección, en cuyo marco se realizan controles por parte de personal funcionario. La frecuencia de las visitas varía: puede ser anual, bienal o trienal, en función del análisis de riesgos que se lleva a cabo.
El Plan de Inspección Ambiental para el periodo 2018-2020 amplía el alcance de las actividades que se someten a control. Así, además de las empresas con autorización ambiental integrada, se realiza también un seguimiento de otro tipo de actividades con incidencia sobre el medio.
