El Ejecutivo asturiano ha autorizado la renovación del convenio suscrito en marzo de 2018 con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Asturiana de Concejos (FACC) que establece un protocolo para detectar supuestos de vulnerabilidad en procesos de desahucio de viviendas por impago de créditos hipotecarios o alquileres.
La comisión de seguimiento del convenio acordó el pasado octubre incluir en el nuevo acuerdo una cláusula para afianzar la identificación de cualquier situación de riesgo. Por esta razón, el texto incorpora ahora una adenda por la cual los órganos judiciales, en los expedientes por impago de hipotecas y alquileres, adoptarán las medidas oportunas para propiciar la detección temprana de situaciones excepcionales y comunicarlas a los servicios sociales municipales. Se trata de evitar situaciones de desprotección para quienes se hallen inmersos en procesos de pérdida de su vivienda habitual.
Además, con el fin de lograr una mayor eficacia de las actuaciones, la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana trabaja ya en la redacción de un nuevo convenio de colaboración con el Colegio de Trabajo Social para habilitar en las sedes judiciales de Oviedo, Gijón y Avilés un servicio que, en coordinación con la autoridad judicial y los departamentos de servicios sociales municipales, realice las gestiones necesarias para ofrecer una respuesta rápida a las personas afectadas por procedimientos de desahucio. Los presupuestos del Principado para este año incluyen una partida de 99.000 euros para esta actuación.
