Oviedo, 2 abr (EFE).- La Fiscalía ha mantenido hoy su petición de condenar a siete años de inhabilitación para cargo público al portavoz de IU en el Parlamento asturiano, Ángel González, por un delito de prevaricación al fraccionar de forma ilegal los contratos para instalar monolitos en las fosas comunes del franquismo.
Durante la última sesión de la vista oral que celebra la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), el fiscal, Alejandro Cabaleiro, ha mantenido su petición de condena contra González, la misma que ha solicitado para Roberto Moro, secretario general técnico de la Consejería cuando el dirigente de IU era viceconsejero de Bienestar Social.
En su turno de última palabra, González ha proclamado su honradez «política, personal y profesional» y ha defendido su inocencia frente a una acusación basada en las declaraciones «falsas» de una funcionaria «que siendo parte interesada en el proceso como máxima responsable de la contratación se la ha considerado testigo».
«He cumplido con mi obligación: aplicar las decisiones políticas y la ley», ha subrayado González, en alusión a la ley de Memoria Histórica cuya aplicación, ha señalado, compete a todos los poderes públicos «también a la Justicia» y cuyo retraso en su desarrollo ha lamentado tras advertir: «En España no se quiere pasar página».
En sus conclusiones definitivas, el Ministerio Público ha calificado de «barbaridad jurídica» la tramitación realizada con los contratos, en la que tanto la Sindicatura como el Tribunal de Cuentas advirtieron indicios de delito al vulnerarse «todos los principios» de la contratación pública.
Para el fiscal, fueron «las prisas» derivadas de la cercanía de una convocatoria electoral las que llevaron a tramitar de forma irregular un contrato para señalizar las fosas comunes de las víctimas del franquismo en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, «una decisión legítima y encomiable si se quiere».
En las dos sesiones anteriores, González, que rechazó contestar a las preguntas del fiscal, negó haber intervenido en el sistema de contratación de los monolitos o haber mantenido una conversación con una funcionaria de la Consejería en la que, según el testimonio de ésta, fue advertido de que el sistema de tramitación que proponía para el contrato suponía incurrir en un fraccionamiento ilegal.
Según la Fiscalía, el entonces viceconsejero «antepuso la urgencia en la necesidad de la contratación» al modo de hacerlo y las propias empresas que optaron a la adjudicación admitieron que «jamás» habían concurrido a una licitación «de esa forma».
«No es lo qué se hace sino cómo se hace», ha apuntado el fiscal tras incidir en que González necesitaba que los monolitos estuvieran adjudicados y se comenzasen a colocar antes de que en marzo de 2011 se convocasen las siguientes elecciones dado que el siguiente Gobierno podía no tener voluntad de desarrollar este programa.
Asimismo, se ha preguntado por qué después de que González planteara que se hiciese como un contrato de obra menor -cuyo límite para ser considerado así, y tramitarse sin concurrencia ni publicidad, es de 50.000 euros-, firmó la resolución para hacerlo en tres contratos de suministro menor, en los que esa cantidad se reduce a 18.000 euros.
Además, ha incidido en que el entonces viceconsejero firmó también la conformidad de las facturas, el trámite final para realizar el pago y que debía significar que se había cumplido el contrato, pese a que cuando rubricó este documento y la empresa cobró en diciembre de 2010 «no había ni uno solo hito colocado» ya que el primero se ubicó en una fosa común en febrero de 2011.
Por su parte, el portavoz de IU ha negado haber intervenido en el proceso de tramitación y ha cuestionado que la supuesta ilegalidad cometida por él no lo reflejasen en ningún documento los empleados públicos encargados de llevar adelante el expediente.
Tras señalar que los contratos no produjeron «perjuicio ni beneficio para nadie», González ha subrayado que ningún gobierno posterior los anuló y ha destacado que las consideraciones de la Sindicatura de Cuentas que dieron origen al proceso son similares a las que plantean en muchos otros expedientes.
También el segundo acusado, Roberto Moro ha defendido su inocencia en su último turno y ha cuestionado que la calificación jurídica de un contrato a la hora de ser calificado como de obra o de suministro pueda dar lugar a proceso penal.
«Los funcionarios a veces nos equivocamos», ha admitido Moro,para el que el fiscal pide también siete años de inhabilitación para cargo público, tras señalar que solventar estas cuestiones en los tribunales daría lugar a una «actuación defensiva» de los empleados públicos que dificultaría el desarrollo de la labor administrativa.
