Lima, 11 jun (dpa) – Los cuatro últimos ex presidentes del Perú quedaron en la mira de la Fiscalía bajo la ley de crimen organizado, todos en relación con la constructora brasileña Odebrecht, en medio de la crisis de credibilidad de la política en el país.
El fiscal José Domingo Pérez puso en el mismo saco desde el 1 de junio a Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), con lo que los sumó a Ollanta Humala (2011-2016), ya investigado por el mismo tema.
El anuncio, formalizado el domingo por la Fiscalía, no generó sorpresa, pues los ex mandatarios habían sido señalados como receptores de dinero ilegal por Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, pero confirmó la crisis de una clase política en la que los cuestionamientos por corrupción no parecen tener distingos ideológicos.
Toledo, prófugo de la Justicia por la aparición de una offshore suya en Costa Rica con fondos de origen no determinado, y acusado además de recibir 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, sumó el nuevo caso por la presunta recepción de 700.000 dólares para su campaña electoral de 2011.
A García supuestamente se le dieron 200.000 dólares, a Humala tres millones y a Kuczynski 300.000, en todos los casos solo como aportes para campaña, es decir, sin tener en cuenta posibles arreglos encubiertos en su gestión.
El ningún caso, como tampoco en el de la poderosa ex candidata Keiko Fujimori, también investigada bajo crimen organizado porque supuestamente se le dieron 1,2 millones de dólares, los aportes de Odebrecht fueron reportados, por lo que la Fiscalía trabaja en la hipótesis de lavado de activos y asociación para delinquir.
«Pueden investigar 10 veces más mis ingresos, mi oficina y mi casa. Otros se venden, yo no», publicó en Twitter García tras conocer la decisión de Pérez. «Siempre estaré a disposición de la Justicia», añadió el ex mandatario centroderechista, quien, al margen de los casos y los resultados judiciales, es percibido, según todos los sondeos, como el político más corrupto del Perú.
El abogado del centrista Toledo, Heriberto Benítez, aseguró que su defendido no tuvo nada que ver con las finanzas de la campaña, mientras que el del liberal de derecha Kuczynski, César Nakazaki, dijo no estar sorprendido: «Vamos a presentarnos y a contribuir en lo que el fiscal requiera».
A cada ex presidente lo acompaña como investigado un receptor directo: para Toledo, el ex jefe de seguridad israelí Avi Dan On; para García, el ex vicepresidente Luis Alva Castro, y para Kuczynski la financista Susana de la Puente.
En los casos del centroizquierdista Humala y la derechista Fujimori figuran respectivamente con ese grado de responsabilidad la ex primera dama Nadine Heredia y el ex jefe de gabinete ministerial Jaime Yoshiyama. Como para que no falte nadie del abanico ideológico, los señalamientos de Odebrecht también alcanzan a la izquierdista Susana Villarán, ex alcaldesa de Lima.
Los días nublados para los líderes se preveían desde marzo, cuando Pérez, originalmente encargado solo del caso Fujimori, aprovechó la locuacidad de Barata, quien tiene un acuerdo de cooperación con la Justicia de Brasil, para sacarle información sobre los demás presuntos implicados.
Antes de eso, Barata fue interrogado en su prisión en Curitiba, Braasil, por el fiscal del caso Humala, Germán Juárez, pero éste, según testigos, no lo dejó hablar de ningún asunto distinto al de su objetivo.
Odebrecht, que admitió prácticas corruptas en 12 países, 10 de ellos latinoamericanos, ha dicho por medio de Barata y de su ex CEO Marcelo Odebrecht, entre otros ejecutivos, que era costumbre sacar dinero de su caja sucia para financiar campañas con opción de triunfo, como una especie de inversión a futuro.
Humala ya estuvo en prisión preventiva por nueve meses y Toledo, radicado en Estados Unidos, es pedido en extradición. Aún no se sabe qué camino tomarán los casos de García, Kuczynski, Fujimori, Villarán y demás involucrados.
La figura de crimen organizado le da facilidades de acción a la Fiscalía y amplía plazos para cada fase. Según han aclarado expertos, la derivada percepción de banda criminal no alcanza a los partidos, sino a personas naturales.
De los otros dos ex presidentes peruanos vivos, Alberto Fujimori estuvo preso 10 años hasta recibir un polémico indulto, mientras que Francisco Morales Bermúdez se ampara en sus 96 años para obviar la cadena perpetua que le dio la Justicia de Italia por participación de crímenes de izquierdistas perpetrados por las dictaduras sudamericanas de la década de 1970.
Por Gonzalo Ruiz Tovar (dpa)
