Oviedo, 16 jun (EFE).- El Síndico Mayor, Avelino Viejo, ha defendido hoy la gestión en materia de personal que se realiza en el órgano fiscalizador de la comunidad autónoma mientras que el PP ha solicitado su dimisión por ejercer sus funciones fiscalizadoras con evidente «arbitrariedad» y «abusos de poder».
Viejo ha comparecido hoy ante la Comisión de Hacienda de la Junta General a petición del PP para informar de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que estimaban los recursos presentados por dos auditores contra su cese del cargo que ocupaban en dicha institución.
El Síndico ha recordado que de los once pleitos abiertos durante su mandato cinco fueron ganados por la institución, cuatro estimados parcialmente por los tribunales y dos fueron ganados por los recurrentes al estimar las sentencias en un caso que el cese carecía de motivación y en otro que la sustitución del afectado en el cargo debió ir precedida de la apertura de un expediente sancionador.
Viejo ha señalado que en estos casos la Sindicatura constató que se había producido la «sustracción y manipulación de papeles de trabajo» contraviniendo los protocolos de actuación de la Sindicatura para ese trabajo y que en otro se constató que el auditor había paralizado durante dos años las actuaciones que se le encargaban «pese a la reiterada insistencia» para que las agilizara.
«En ambos casos las conductas están probadas aunque el procedimiento haya sido inadecuado y en uno de ellos aún es posible abrir un expediente sancionador», ha advertido Viejo.
Las explicaciones del Síndico Mayor no han convencido al diputado del PP Luis Venta que, tras pedir su dimisión, le ha acusado de actuar guiado únicamente «por la «conveniencia política del partido que le situó en el cargo, el PSOE» y de «vulnerar el derecho de los trabajadores a defenderse de un atropello político».
«No le resulta cómodo tener personal independiente en su institución porque no podría despedirlos a capricho, como ha venido haciendo», ha afirmado Venta, que le ha acusado además de «abusar de la libre designación» y se ha preguntado si el máximo representante del órgano encargado de fiscalizar la actividad del sector público puede «exigir lo que él mismo no cumple».
