La Consejería de Bienestar Social estudia la concesión de subvenciones para el desarrollo de actividades de ocio para los colectivos de discapacitados que permitirán a las entidades del denominado tercer sector aprovechar sus vehículos de transporte, después de que «tal y como obliga la ley» se privatizase el transporte a centros públicos de discapacidad.
Así lo ha anunciado la consejera del ramo, Graciela Blanco, que ha insistido en que es la ley la que obliga a que el transporte a estos centros sea público y se lleve a cabo cumpliendo las condiciones establecidas.
«Los discapacitados tienen exactamente los mismos derechos que el resto de ciudadanos y por tanto tienen derecho a que el transporte sea público y de calidad. Las entidades con esas furgonetas y esos vehículos podrán llevar a cabo transporte privado complementario», ha indicado la consejera que ha añadido que por eso trabajan en la concesión de subvenciones para desarrollar actividades de ocio.
Blanco ha recordado que tras el concurso, han sido seis las rutas que han quedado desiertas y ha manifestado que el Gobierno optará por su adjudicación a través de la fórmula de negociado sin publicidad, eso si, siempre cumpliendo los requisitos establecidos para acceder a dichos servicios y que determina la dirección de transporte.
