La Consejería de Servicios y Derechos Sociales ha elaborado una guía metodológica para avanzar en la protección de derechos de la infancia y la adolescencia que servirá de referencia para el Principado y la Administración General del Estado.
Los próximos proyectos de ley y reglamentos del Principado incluirán un análisis de impacto sobre la infancia y la adolescencia con el fin de avanzar en la protección de los derechos de los menores. La medida, que ya cuenta con el visto bueno del Consejo de Gobierno, comenzará a aplicarse a partir de ahora en las normas que elabore el Ejecutivo autonómico.
La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, ha presentado este martes esta iniciativa, junto con la directora del Instituto Asturiano para la Atención Integral de la Infancia, Ana Farpón; el coordinador del Observatorio de la Infancia y Adolescencia, Carlos Becedóniz, y la directora de Unicef Asturias, Maria José Platero.
Varela ha destacado el carácter pionero de Asturias en esta materia, tanto en la adopción de la medida como en los trabajos desarrollados para su aplicación. Por una parte, el Principado fue la primera comunidad en recoger las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y de entidades como Unicef o Save the Children, que desde 2010 venían reclamando la necesidad de incorporar un informe de impacto sobre la infancia en todo el desarrollo normativo de las administraciones, para evaluar las consecuencias que cada una de esas normas puede provocar en los menores y sus familias.
La actuación fue incluida en el Plan Integral de Infancia 2013-2016. Posteriormente, otras administraciones se fueron sumando a la iniciativa, y la nueva ley estatal del menor, aprobada el pasado verano, ya la recoge con carácter obligatorio para todas las comunidades autónomas.
Además, con el fin de garantizar el desarrollo de la medida, Asturias ha elaborado una guía metodológica para facilitar la confección de los informes, que, además de servir a los distintos departamentos de la Administración autonómica, será utilizada y promovida por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como material de referencia para toda la Administración General del Estado.
