Oviedo, 10 jul (EFE).- El Gobierno del Principado ha aprobado hoy un decreto de aplicación de la reforma local que pretende garantizar al máximo la prestación de servicios a los asturianos por parte de sus ayuntamientos y que posibilitará que éstos ejerzan las denominadas «competencias impropias» si no incurren en duplicidad ni ponen en peligro su sostenibilidad financiera.
El portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, y la consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo, han sido los encargados de explicar esta nueva normativa que servirá de hoja de ruta para aplicar en Asturias la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local -la ley de reforma local- promovida por el Ejecutivo central.
Ante esta ley, que entró en vigor el pasado 1 de enero, el Gobierno del Principado presentó a finales de marzo un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias autonómicas.
El decreto, que fue informado favorablemente por la Comisión Asturiana de Administración Local (CAAL) y recoge las consideraciones del dictamen del Consejo Consultivo, pretende garantizar en la mayor medida posible la continuidad de la prestación de servicios por parte de los ayuntamientos.
La ley estatal determina que algunas competencias que ejercen los gobiernos locales no son «ni propias ni delegadas», y se consideran, por tanto, competencias impropias.
Cuando estas competencias no están financiadas al cien por cien por la administración autonómica, el Ejecutivo del Principado debe emitir dos informes para que los ayuntamientos puedan seguir prestándolas: uno, de no duplicidad; otro, de sostenibilidad financiera.
El objeto central del decreto es, precisamente, regular el procedimiento y los contenidos de tales informes, según ha señalado la consejera de Hacienda, que ha precisado que éstos deben verificar dos condiciones imprescindibles para que esas competencias impropias puedan continuar siendo desempeñadas por los ayuntamientos.
De un lado, deben garantizar que no exista duplicidad de servicios entre las administraciones municipal y autonómica, y de otro, que los municipios puedan hacerse cargo de esas competencias sin poner en riesgo su estabilidad financiera.
Los informes se emitirán siempre a solicitud de los propios ayuntamientos y las peticiones estarán centralizadas en la dirección general de Administración Local, que actuará como órgano coordinador.
Asimismo, el decreto regula los convenios de colaboración y de delegación de ejecución de competencias entre el Gobierno del Principado y los ayuntamientos.
Según Carcedo, este decreto era necesario porque la ley estatal es «farragosa y da pie a muchas confusiones» y porque con él se impide una aplicación desigual en los distintos municipios o que se vean afectados los servicios que prestan los ayuntamientos en la actualidad.
«El decreto busca criterios comunes para aplicar la reforma local de manera homogénea en Asturias y trata de garantizar que se sigan manteniendo los servicios como se están prestando en la actualidad», ha subrayado la consejera, que ha precisado que por el momento ningún ayuntamiento ha renunciado a prestar ningún servicio.
Sí que han planteado dudas sobre la titularidad de algunas competencias, especialmente, en los casos de promoción económica, empleo y aspectos culturales.
Ha añadido que la mayor parte de los ayuntamientos tienen una situación financiera adecuada y que este decreto busca que la mayoría de ellos pueda continuar con los servicios.
