Oviedo, 10 jul (EFE).- El portavoz del Gobierno asturiano ha denunciado hoy la «falta de lealtad institucional» que ha demostrado el Ejecutivo de Mariano Rajoy al aplicar un tipo del 0,03 por ciento en el impuesto sobre los depósitos bancarios e incluir a Oviedo y Gijón entre las ciudades con libre horario comercial por decreto y sin consultar con las comunidades autónomas.
Ambas medidas están siendo objeto de estudio por parte de los servicios jurídicos del Principado para plantear posibles recursos de inconstitucionalidad, que en el caso del impuesto sobre la banca, sería el segundo que se plantearía por parte del Principado.
«El Gobierno toma decisiones perjudiciales para los intereses de Asturias», ha señalado el portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, al término de la reunión semanal del Ejecutivo autonómico.
En cuanto al impuesto sobre la banca, ha afirmado que «llueve sobre mojado» y que al recurso presentado hace meses cuando el Gobierno central decidió introducir un impuesto estatal con un interés cero, se plantea ahora uno nuevo con un tipo marginal «para seguir entorpeciendo los tributos autonómicos».
«El Gobierno sólo quiere bloquear la capacidad normativa de la comunidad autónoma», ha afirmado el portavoz del Ejecutivo asturiano, para quien el Estado ha demostrado sus «niveles de mala fe y deslealtad institucional» por plantear este cambio con una enmienda en el Senado y sin haber consultado con las administraciones autonómicas.
En su opinión, el Gobierno de Mariano Rajoy «no se merece la confianza que solicita a otras administraciones».
En cuanto a la decreto que fija la libertad de horarios comerciales en zonas de Oviedo y Gijón, el consejero ha anunciado que el recurso ante el Tribunal Constitucional puede plantearse ante una posible invasión de las competencias autonómicas.
Ha afirmado que, una vez esté listo el informe de los servicios jurídicos, el consejero de Economía, Graciano Torre, convocará «en breve» a los alcaldes de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, del PP, y Gijón, Carmen Moriyón, de Foro, para abordar esta cuestión.
Martínez ha recordado también que los sindicatos y empresarios ya han calificada de adecuada la estrategia que está siguiendo el Ejecutivo regional en este área.
Ha añadido que al Ejecutivo asturiano no le agrada judicializar la vida política con la presentación de tantos recursos de inconstitucionalidad, pero que no caben otras vías ante la imposición de medidas por parte del Ejecutivo central.
