El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes la suscripción de un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Comisión Regional del Banco de Tierras del Principado de Asturias para la puesta en valor de las fincas rústicas con vocación agraria, tanto de titularidad de la Administración General del Estado, como de aquellas de titularidad desconocida sujetas a expediente de investigación.
Según ha informado el Gobierno central, el convenio responde a las directrices de movilización de bienes ociosos contenidas en el Plan de Racionalización del Patrimonio Inmobiliario Público del Estado y se enmarca en el conjunto de medidas puestas en marcha por la Comisión para la reforma de las Administraciones Públicas (CORA).
La singularidad de este convenio respecto a otras medidas es que la puesta en valor de estos inmuebles de titularidad estatal se realizará bajo la tutela de otra Administración Pública, en este caso del Principado de Asturias, a través de la Comisión Regional del Banco de Tierras.
Así, se fijan los mecanismos para que dicha Comisión, a la que corresponderá promover la cesión a terceros mediante arrendamiento de las fincas rústicas, pueda encargarse, además, de la gestión y localización de los bienes de presunta vacancia cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado.
