El Gobierno de Asturias ha aprobado el proyecto de Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, que blinda las principales medidas para dar cobertura a personas en situación de vulnerabilidad. La norma, que se remitirá a la Junta General para su tramitación, permitirá asegurar, consolidar y agilizar los apoyos económicos destinados a aquellos colectivos que más lo necesitan.
La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar aspira a crear un sistema más eficiente, que evite las duplicidades e impulse la cooperación interadministrativa. En este sentido, con el fin de recortar los plazos de tramitación, se promoverá la gestión simplificada, el régimen de concesión directa de subvenciones y la administración electrónica.
El texto legal incluye medidas para acelerar el pago del salario social básico, así como exenciones para los ingresos provenientes del trabajo y de determinadas pensiones. También prevé la actualización de los programas personalizados de incorporación social y laboral ligados a esta renta mínima.
Además, plantea apoyos adicionales para familias con menores y jóvenes, miembros con discapacidad y dependencia. La norma propone, asimismo, medidas para garantizar la cobertura de las necesidades básicas de menores en acogimiento familiar, al tiempo que recoge las garantías jurídicas para abonar las compensaciones económicas a estos hogares de manera directa.
En el ámbito de la vivienda, aspira a asegurar el derecho de toda la sociedad a un hogar digno. Con esa finalidad, simplifica la concesión de ayudas, que pasarán a otorgarse de forma directa.
También garantiza unos mínimos comunes en todo el territorio en relación con las ayudas de emergencia social que gestionan las entidades locales y pone especial énfasis en la atención a la infancia, así como en los apoyos para el acceso y mantenimiento en la vivienda y contra la pobreza energética.
El texto cuenta con el visto bueno del Consejo Asesor de Bienestar Social y de la Comisión Asturiana de Administración Local. También ha sido presentado a los agentes sociales en el ámbito de la concertación, a los grupos parlamentarios, a la comisión ejecutiva de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y a las entidades del tercer sector. Por otra parte, se ha enriquecido con algunas alegaciones recibidas durante la fase de información pública.
El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Gobierno en la pasada legislatura, concretamente el 14 de noviembre de 2018. No obstante, como su tramitación en la Junta General no se completó, la iniciativa decayó en el pasado mandato, por lo que resulta preciso retomarla.
