Oviedo, 17 jul (EFE).- El pleno de la Junta General del Principado ha aprobado hoy por unanimidad la Ley para la creación del Colegio Profesional de Educadores Sociales del Principado de Asturias.
La iniciativa legislativa responde a una demanda de los profesionales asturianos, que en los últimos años han ido adquiriendo unas competencias específicas que les han diferenciado de otros colectivos del mundo educativo.
La creación del colegio permitirá a los educadores sociales contar con la herramienta para ordenar el ejercicio de su profesión y al mismo tiempo será una garantía para los ciudadanos que demanden los servicios de este tipo de profesionales.
La Asociación Profesional de Educadores Sociales del Principado de Asturias -que actuará como Comisión Gestora- deberá a partir de ahora elaborar unos estatutos provisionales que regularán la condición de colegiado y que permitirán a los profesionales participar en la Asamblea Constituyente del Colegio Profesional.
Este trámite deberá llevarse a cabo en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la ley.
La comisión será la encargada de habilitar como colegiados a los profesionales que lo soliciten y una vez finalizado este trámite la asamblea redactará los estatutos definitivos del colegio y elegirá a los cargos correspondientes de los órganos colegiados.
Los diplomados en Educación Social o con el correspondiente título de grado podrán integrarse en el colegio, al igual que aquellos que cuenten con una titulación homologada obtenida en el extranjero.
Aquellos que dispongan de estudios específicos de al menos tres años en el ámbito de la educación social y cuenten con una experiencia profesional de once años también podrán colegiarse.
Igual ocurrirá con aquellos que cuenten con titulación universitaria de grado medio o superior y que también hayan trabajado once años en el sector.
Finalmente, también podrán aspirar a colegiarse las personas que, no contando con formación universitaria, justifiquen al menos 17 años de experiencia en el ámbito de la educación social.
Todos ellos tendrán un plazo de 18 meses para acreditar su formación y experiencia a partir de la entrada en vigor de la ley.
