Diez años después del inicio de la recesión económica, la crisis de vivienda en España no ha terminado. Las autoridades, en lugar de tomar medidas para proteger a miles de personas afectadas por esta situación, han dado pasos hacia atrás, liberalizando y flexibilizando los contratos de alquiler y el proceso de desalojo como consecuencia de varias reformas en la Ley de Arrendamientos Urbanos y en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así lo ha confirmado Amnistía Internacional en un reciente informe en el que denuncia cómo se está violando el derecho a la vivienda en España, algo que afecta especialmente a las mujeres, y en particular a las que encabezan “hogares monomarentales” y a las víctimas de violencia de género.
La crisis del derecho a la vivienda no ha terminado en España. No sólo no se han adoptado medidas para proteger a más personas, sino que, en ocasiones se les ha llevado a una trampa de vivienda insegura, olvidando que se trata de un derecho humano, y no de un bien de inversión. Esto queda reflejado en el hecho de que ni siquiera es un derecho protegido con las máximas garantías en la Constitución. Desde el comienzo de la crisis económica en 2008, cientos de miles de personas han perdido su hogar. Tan sólo en 2016 hubo 34.193 desahucios de viviendas en alquiler en España, además de 26.397 desalojos hipotecarios.
Amnistía Internacional Asturias y la PAH Oviedo recogen firmas para pedir al gobierno:
– La adopción de un Protocolo Marco sobre desalojos que garantice la coordinación entre juzgados y autoridades municipales, orientado a asegurar alternativas de vivienda a las personas que no dispongan de recursos.
– Que trabaje en coordinación con las Comunidades Autónomas para ampliar el parque de vivienda social y proporcionar ayudas adecuadas a la vivienda.
