Aprobado en Asturias el decreto de garantías en el acceso a la atención sanitaria

El Gobierno de Asturias ha aprobado el decreto de garantías en el acceso a la atención sanitaria, que fija dos plazos máximos: dos meses para las pruebas o procedimientos terapéuticos con mayor impacto en la salud de los pacientes y seis para varias intervenciones quirúrgicas.

En concreto, las colonoscopias, mamografías, ecografías, tomografías axiales computarizadas (tacs) y las resonancias magnéticas deberán efectuarse en un plazo tope de dos meses. Por su parte, las operaciones de cirugía cardiaca (valvular y coronaria) y cataratas, las histerectomías y la implantación de prótesis de cadera y rodilla tendrán que llevarse a cabo, como mucho, en 180 días.

En relación con las consultas de especialidades, se adoptarán las medidas organizativas oportunas para garantizar el acceso de los pacientes a una primera cita en un plazo de dos meses para otorrinolaringología, ginecología, urología, oftalmología, traumatología, dermatología, neurología, cirugía general, digestivo y cardiología. Para lograr este objetivo, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) dará prioridad a las primeras consultas, las que permiten clasificar la urgencia e importancia de la enfermedad; ofrecerá una respuesta en red desde el sistema público y planificará con seis meses de antelación las agendas desde el servicio de atención al ciudadano.

Por otro lado, con el propósito de garantizar la calidad en la respuesta, la transparencia del procedimiento y los derechos de la ciudadanía, se creará un registro único de pacientes en espera y se expedirán certificados de inclusión en el mismo, sobre el que se informará a las personas interesadas de forma individualizada y confidencial.

La regulación de estas prestaciones por decreto se impulsa en un momento en el que el sistema sanitario dispone de las instalaciones, los equipamientos y los profesionales necesarios para poder cumplir los plazos máximos de demora.

De hecho, en los últimos meses se ha llevado a cabo una renovación de los medios técnicos y los recursos humanos que ha aumentado la capacidad de respuesta del sistema público y ha permitido reducir las demoras y mejorar los tiempos.