Córdoba (España), 15 sep (dpa) – Una comisión de expertos determinó que la mezquita-catedral de la localidad española de Córdoba, declarada Patrimonio de la Humanidad, no es propiedad de la Iglesia católica pese a que ésta la registró a su nombre en 2006.
Este conocido monumento comenzó a contruirse en el año 785, cuando los árabes dominaban el sur de la península ibérica, y cuatro siglos más tarde se convirtió en catedral católica. Durante muchos años, no tuvo dueño reconocido y no fue hasta 2006 cuando la Iglesia la registró a su nombre gracias a una ley aprobada años antes por el Gobierno del conservador José María Aznar (1996-2004).
Su titularidad es desde entonces polémica y ha abierto en España un debate más amplio sobre los privilegios de la Iglesia católica a la hora de inmatricular bienes inmuebles a su nombre, es decir, de inscribirlos en el registro de la propiedad por primera vez.
Colectivos laicistas han denunciado que en el último medio siglo miles de templos pasaron a manos de la institución religiosa en virtud de una ley aprobada en 1946, en plena dictadura de Francisco Franco (1936-1975), que permitía a los obispos registrar bienes sin tener que demostrar documentalmente su propiedad.
En 1998, el gobierno conservador de José María Aznar extendió a los templos de culto estos registros, permitiendo a los obispos ejercer como funcionarios públicos a través de un proceso sencillo y barato.
Ahora, el Ayuntamiento de Córdoba trata de recuperar la titularidad pública de la mezquita-catedral y, para ello, constituyó una comisión de expertos que ha determinado que la inmatriculación de 2006 «no tiene validez jurídica», según el informe presentado hoy.
La comisión concluyó también que el Ayuntamiento «tiene legitimidad para actuar en contra de la inmatriculación».
El documento sostiene también que «hay numerosos indicios que muestran que no se produjo la donación» de la mezquita a la Iglesia católica, tal y como ésta alega, por parte del rey Fernando III de Castilla tras la conquista de Córdoba en el siglo XIII.
Ahora está en el aire si el Ayuntamiento de la ciudad llevará el caso ante el Tribunal Constitucional.
