Madrid, 8 ago (dpa) – La noticia del traslado de dos presos del desaparecido grupo armado ETA a una cárcel de la región del País Vasco ha desatado la polémica en España, donde parte de la oposición acusa al Gobierno del socialista Pedro Sánchez de iniciar un cambio en la política penitenciaria impuesta a este colectivo.
Desde el Ejecutivo defienden que se trata de un «hecho puntual» que responde a una «cuestión objetiva» relacionada con el régimen de tercer grado del que gozan estos dos presos, quienes cumplían «todos los requisitos» para el traslado desde una cárcel de Asturias.
Fuerzas de la oposición como el conservador Partido Popular (PP) o el liberal Ciudadanos criticaron la medida y la atribuyeron a una «hipoteca» de Sánchez con el partido Nacionalista Vasco (PNV) por su apoyo a la moción de censura con la que el socialista desbancó al conservador Mariano Rajoy de La Moncloa el pasado 1 de junio.
«Las víctimas del terrorismo merecen nuestro máximo reconocimiento y respeto y no es justo que se falte a su memoria, dignidad, verdad y justicia por pagar los favores al apoyar la moción de censura», escribió en Twitter el ex ministro de Interior Juan Ignacio Zoido.
El Gobierno de Sánchez niega que con este traslado en concreto se quiera poner fin a la dispersión de presos etarras que se aprobó para tratar de debilitar a la banda separatista vasca en los años 80, cuando los atentados y los secuestros estaban a la orden del día.
Tras medio siglo de existencia y más de 800 muertos en su afán por conseguir la independencia del País Vasco, ETA se disolvió el pasado mayo. Desde 2011, cuando anunció el cese definitivo de la violencia, el entorno del grupo vasco ha tratado de negociar con el Gobierno español una salida para sus presos, unos 300 actualmente.
El Gobierno de Rajoy (2011-2018) rechazó siempre un posible acercamiento de los reclusos al País Vasco, pero el debate se reabrió tras la disolución de la banda y la llegada de Sánchez al Ejecutivo.
El mandatario socialista dijo en julio que estaba «dispuesto a revisar» la política penitenciaria aplicada a los presos etarras y pidió a los partidos que este «no sea un elemento de división».
El caso de los presos Olga Sanz y Javier Moreno, ambos arrepentidos y desvinculados de ETA y del colectivo de presos de la banda, ha devuelto esta semana el tema a la palestra.
Ambos reclusos había solicitado a las autoridades penitenciarias españolas su traslado desde una cárcel de Asturias hasta una del País Vasco. La pareja, condenada en 2002 a 71 y 74 años de cárcel por colaborar con un comando de ETA, se encuentra en régimen de tercer grado y cumplirá la última parte de su condena en régimen de semilibertad. Habían pedido, además, disculpas por sus actos.
Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) insistieron hoy en su rechazo al traslado de presos etarras a cárceles vascas, si bien reconocieron que el de Sanz y Moreno no se trata de «un acercamiento como tal».
Por otra parte, el eurodiputado vasco del PP Carlos Iturgaiz, al que el comando de Sanz y Moreno planeó matar cuando presidía el PP vasco, acusó al Gobierno de «premiar» a los etarras. En una carta remitida al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, expresó su malestar por el traslado y aseguró que a él no le pidieron perdón.
«Ninguno de ellos se ha puesto en contacto conmigo a tal efecto», aseguró en la misiva, difundida por medios españoles.
Por Ana Lázaro Verde (dpa)
