El Gobierno del Asturias adaptará de manera prioritaria una veintena de elementos de su ordenamiento jurídico a las normas básicas para impulsar la reforma y la transformación digital del procedimiento administrativo en el Principado. Esta reforma afectará a once resoluciones sobre procedimientos en materia de registros y trámites de carácter tecnológico, seis decretos sobre funcionamiento de los registros, procedimientos sancionadores y la selección e ingreso de personal en la Administración, y tres leyes: la Ley 2/1995, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 8/1991, de Organización de la Administración del Principado de Asturias, y la Ley 8/1985, reguladora de la publicidad de las normas.
La Comisión de Simplificación Administrativa ha acordado esta primera adaptación en su reunión del martes, en la que el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, ha presentado dos importantes medidas que permitirán poner a disposición de empresas, emprendedores y ciudadanos procedimientos más sencillos y ágiles:
– La versión definitiva del protocolo para la elaboración y mejora de la calidad de las normas de carácter general impulsadas por la Administración autonómica.
– El Plan de Iniciativas Normativas, que incluye el informe sobre las áreas prioritarias de actuación, en el que se recogen las normas y reglamentos que han de reformularse con carácter prioritario.
Con la aprobación de ambos documentos, el Gobierno avanza en su compromiso de presentar un Plan Estratégico de Simplificación Administrativa y Reducción de Cargas Burocráticas a lo largo de 2018, el quinto de los objetivos que se marcó a principios de año y de los cuales ha cumplido cuatro: la creación de la comisión y de los dos grupos de trabajo que la integran; la presentación del manual de simplificación administrativa; la aprobación de un protocolo de calidad normativa, y la elaboración del Plan de Iniciativas Normativas Prioritarias.
El protocolo presentado hoy detalla los requisitos y obligaciones para la elaboración de reglamentos y anteproyectos de ley, y advierte de que se deben tener en cuenta aspectos relacionados con cuatro ámbitos: los procesos de consulta pública y de participación ciudadana; los informes, preceptivos o no, que es preciso solicitar en materia de impacto de género, incidencia de las normas en la infancia y la adolescencia, y los dictámenes del Consejo Consultivo y del Consejo Económico y Social; los mecanismos de comunicación para asegurar que las normas cumplen sus objetivos de forma eficaz, promoviendo un marco regulatorio transparente, predecible y favorable para la actividad económica y para la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, y la necesidad de que las normas incorporen sendas memorias donde se justifique claramente los motivos para su redacción y los beneficios económicos de su aprobación.
Principios ya en aplicación
El Gobierno de Asturias ya está aplicando estos principios en algunas normativas ya aprobadas, como en el caso del Decreto 48/2016, de 10 de agosto, de viviendas vacacionales y viviendas de uso turístico, donde se ha avanzado en la sustitución de autorizaciones administrativas previas por declaraciones responsables que serán comprobadas posteriormente. También se han aplicado en el Decreto 62/2007, de 24 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la condición de familia numerosa y la expedición y renovación del título que lo acredita, se ha ampliado su validez a cinco años para evitar renovaciones innecesarias si las condiciones familiares no han variado.
El pan de iniciativas y el informe de las áreas sobre las que primero ha de actuarse indican las reformas que han de llevarse a cabo en el ordenamiento jurídico autonómico para adaptarlo a los cambios en la legislación básica y en las normas vigentes en el Principado para que el proceso administrativo responda a los siguientes principios de actuación y de funcionamiento del sector público: simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos; racionalización y agilidad de los procedimientos; planificación y dirección por objetivos, y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas.
