«Elaborar menos leyes pero alcanzar más acuerdos». Es, en palabras del vicepresidente segundo de la Junta General, el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons, el objetivo que persigue la propuesta del Grupo Parlamentario Popular para «refundir en un único texto legal» las iniciativas legislativas del Gobierno y de la oposición a favor de una mayor transparencia, del «buen gobierno» y en contra de la corrupción.
Según explicó Cuervas-Mons en su comparecencia ante los medios, «en estos momentos se están tramitando en el parlamento asturiano tres iniciativas legislativas que tienen en común realizar propuestas de modificación de nuestro ordenamiento jurídico, en el sentido de reformar órganos existentes o crear otros nuevos que desplieguen sus competencias en el ámbito del control de las actuaciones de la Administración regional».
Entre ellas están la propia iniciativa del Gobierno autonómico, con su Proposición de Ley de Transparencia y Buen Gobierno, «ya prometida en la pasada legislatura pero que sigue sin aprobarse, con Asturias como única comunidad sin ley regional sobre este importante asunto», recordó Cuervas-Mons; la iniciativa del Grupo Podemos para crear una unidad anticorrupción, la Proposición de Ley de Ciudadanos sobre regulación de la inspección general de servicios, «y todas las iniciativas que el PP tiene previstas, como la creación de un cuerpo de interventores».
Para avanzar hacia una legislación autonómica que realmente sea operativa, el Grupo Popular propone buscar «racionalizar todas estas propuestas y dar coherencia a la tramitación de todas estas iniciativas legislativas, evitando así una dispersión normativa que sería absurda», considera Cuervas-Mons.
A juicio del diputado del Partido Popular, dicha legislación conjunta debería incluir las propuestas para potenciar los organos existente en el control interno, sin negar por ello la creación de alguno nuevo; reforzar en una norma con rango de ley las funciones de la Inspección General y de la Intervención General, evitar la politización de los órganos de control y que «solucionar la falta de control interno en la Administración no acabe en una nueva expansión burocrática».
