El consejo de Gobierno ha aprobado la contratación del servicio para la explotación y mantenimiento de la red de vigilancia y control de la calidad del aire por un importe de 706.615 euros, de los que 69.174 se abonarán este año, 352.400 en 2017 y 285.041 en 2018.
Según ha informado el Ejecutivo en nota de prensa, las comunidades autónomas tienen la competencia de tomar y evaluar datos de las concentraciones de los contaminantes regulados, así como de suministrar información a la ciudadanía.
Para ello, la Dirección General de Prevención y Control Ambiental cuenta con una red de vigilancia y control de la calidad del aire, pero no dispone, sin embargo, de los medios técnicos ni personales necesarios para garantizar los trabajos de explotación y mantenimiento.
La Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ya ha iniciado la revisión de los planes de calidad para la aglomeración de Gijón y la zona central de Asturias, en los que se definirán nuevas actuaciones para profundizar en la mejora del aire y avanzar hacia los niveles aconsejados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El Principado puso en marcha estos planes en el verano de 2014, en colaboración con otras instituciones, y desde entonces ha logrado una mejora sustancial en la calidad del aire, de modo que en 2015 la normativa se cumplió en toda la comunidad con la única excepción del entorno del puerto de Avilés, con muy escasa población residente, y para un único contaminante: las partículas en suspensión.
