La Comisión Ejecutiva de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) acordó este jueves solicitar formalmente su inclusión, junto al Gobierno del Principado y los agentes sociales, en las negociaciones de la Concertación Social como representantes de los ayuntamientos asturianos.
La Comisión Ejecutiva argumenta esta petición «por la repercusión que sobre los Ayuntamientos tienen las estrategias económicas y sociales que se incluyen en las Mesas de Concertación». En concreto, recuerda en nota de prensa que tales acuerdos «vienen incluyendo reiteradamente actuaciones en empleo, infraestructuras, sociedad de la información, vivienda, políticas sociales o educación que afectan directamente a las Corporaciones Locales».
Esta solicitud, adoptada por unanimidad durante la primera reunión de la Comisión Ejecutiva de la FACC de la legislatura 2015-2019, expone que los Ayuntamientos asturianos han tenido un «notable protagonismo en el desarrollo económico y social experimentado por Asturias en las últimas décadas, contribuyendo decisivamente a la modernización de la región y al bienestar de asturianas y asturianos».
Para la Comisión Ejecutiva de la FACC «esta contribución se ha incrementado de forma considerable en los últimos años con la asunción por parte de los Ayuntamientos de nuevos servicios, programas y actividades que se desarrollan aprovechando su proximidad a la ciudadanía y su sensibilidad hacia las necesidades económicas y sociales de cada concejo».
Por ello, opina que la aportación de las Administraciones Locales al desarrollo de Asturias exige que «todo proyecto de región que se quiera impulsar en el Principado debe contar con la participación de los ayuntamientos».
La FACC recuerda que ya con anterioridad reclamo su presencia en los procesos de Concertación Social, pero precisa que en el momento actual, «dado el grado de contribución de los Ayuntamientos a las estrategias económicas y sociales que se incluyen los acuerdos de concertación, dicha incorporación sea inaplazable».
MORATORIA SERVICIOS SOCIALES
La Comisión Ejecutiva de la FACC acordó, igualmente, solicitar al Gobierno de España una moratoria de la Disposición transitoria segunda de la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que establece la asunción de las competencias relativas a servicios sociales por parte de las Comunidades Autónomas a partir del 31 de diciembre de 2015.
En concreto, esta disposición establece que las Comunidades Autónomas asumirán en dicha fecha la titularidad de las competencias que se preveían como propias del Municipio, relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.
La FACC considera que «de no aplicarse dicha moratoria, el actual modelo de servicios sociales en el ámbito local se vería gravemente afectado, pues las comunidades autónomas no se encuentran en condiciones de asumir actualmente las competencias que en este ámbito vienen ejercicio hasta ahora los Ayuntamientos».
