La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón Marina Pineda ha atribuido este miércoles la rescisión del contrato de reforma de la calle de Marqués de San Esteban a que el Gobierno local prima la oferta más barata, lo que también trae como consecuencia, según los socialistas, retrasos y paralizaciones de obras.
Pineda, a través de una nota de prensa, ha señalado que el Grupo Municipal Socialista ha solicitado acceso al expediente de contratación de las obras para comprobar los criterios utilizados en la adjudicación de la citada obra a la empresa Mecuma, como también han pedido los expedientes correspondientes a la remodelación de la calle Aguado y la peatonalización de la calle Francisco de Paula, adjudicados a la misma empresa.
«La normativa reguladora de los contratos de las administraciones públicas permite la utilización de aspectos cualitativos a la hora de adjudicar obras o servicios, de manera que además del precio se valore también la solvencia técnica de las empresas o las mejoras comprometidas por éstas en aspectos sociales, medioambientales o laborales», ha recordado la concejala.
Por contra, el Ayuntamiento, según ella, utiliza únicamente el criterio económico para la elección de sus contratistas, lo que obliga a las empresas a rebajar los precios ofertados hasta rozar la baja temeraria, «lo que en muchos casos está haciendo imposible el cumplimiento de los contratos», ha sostenido.
«Los trabajadores de las empresas contratistas sufren directamente las consecuencias de la política de contratación del gobierno de Foro en la ciudad, con rebajas en sus retribuciones, incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales o directamente con el impago de sus salarios mensuales», ha añadido.
Vinculado a ello, ha sacado a colación la iniciativa presentada por el PSOE de introducir cláusulas sociales en la contratación pública, con la que se pretende precisamente la adaptación de los criterios de adjudicación de los contratos públicos municipales a las nuevas directivas europeas, teniendo en cuenta, además del precio, otros aspectos que garanticen tanto la calidad de las obras o servicios contratados como el respeto a los derechos de los trabajadores de las empresas contratistas, la contribución a la inclusión de colectivos vulnerables o la introducción de mejoras medioambientales.
