El secretario general del Sindicato Independiente Policía Local de Asturias (Sipla), Jorge Mario Fernández, ha pedido este lunes que se amplíen los requisitos de titulación para la selección del jefe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, al haberse limitado solo a Ingeniería, de cara a que se celebre un proceso «limpio» en el que se valoren los principios de igualdad, mérito y capacidad.
En este punto, ha señalado que debería abrirse a otras titulaciones, como pueda ser arquitecto o químico. También ha visto «un poco extraño» que este nuevo puesto sea un cargo superior al jefe de Bomberos, y al hecho que del primero dependerán todas las unidades operativas mientras que del segundo solo las de salvamento y salvamento en playas.
Así lo ha indicado a los medios de comunicación con motivo de la reunión en la que se debatió sobre la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Fernández ha apuntado que en la reunión unos sindicatos se mostraron en contra y otros conformes con el hecho de poner un cargo por encima del jefe de Bomberos. En el caso del Sipla, ha apuntado que solo entró a discutir el tema de la titulación exigida y el modo de contratación.
En cuanto a la RPT, ha indicado que les tienen que citar para otra reunión, pero al margen de lo que se pueda hablar, ha señalado que los cambios que se proponen no están debidamente justificados, sino que los argumentos esgrimidos por el Gobierno local son «muy vagos», al aducir solo razones de servicio u organizativas.
A este tema se ha referido el concejal de Hacienda, Alejandro Roces (Foro), quien ha incidido en que los cambios obedecen a un ajuste por unos puestos a tiempo parcial y unas jubilaciones a reponer. Eso sí, ha remarcado que se trata de dejar enfilada la propuesta de modificación, para que sea aprobada ya en el próximo mandato, así como la convocatoria de ocho plazas de bomberos.
Preguntado por la Sindicatura de Cuentas, ha avanzado que se tomarán en consideración algunas de las observaciones hechas en el informe de la Sindicatura de Cuentas, como pueda ser la Comisión de Valoración en las ayudas a fachadas, de la que se estudiará si es operativa. Dicho esto, ha apuntado que este informe supone una interpretación a la hora de proceder, a lo que ha añadido que las alegaciones las hace el Interventor Municipal, por lo que se enjuicia es su forma de aplicación de las normas.
Entre otras cosas, ha llamado la atención sobre que la Sindicatura cuestiona el que en Gijón cuando se concede una subvención se dé solo una parte y el resto tras la justificación de gastos, lo que marca una «diferencia muy grande», según el edil, con respecto a los otros dos ayuntamientos objetos del informe, Oviedo y Avilés, que dan la ayuda directamente. No obstante, sobre estos últimos se cuestiona que no se fiscalice la subvención dada.
