Oviedo, 3 dic (EFE).- La comisión parlamentaria que investiga la fortuna oculta de 1,4 millones del ex líder del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa ha dado el visto bueno por unanimidad a la ingente documentación solicitada por los cinco grupos que la integran.
En la reunión celebrada hoy, los grupos han trasladado sus peticiones de información, en muchos casos coincidentes lo que hará que los servicios de la Cámara procedan en las próximas a ordenar las demandas y refundirlas para evitar que haya duplicidades.
Así, las peticiones coinciden básicamente en recabar información tanto del Principado de Asturias como del Ministerio de Industria a través del Instituto del Carbón sobre la gestión realizada con los fondos mineros en los planes sectoriales del carbón suscritos entre Gobierno y sindicatos desde 1998.
También requieren datos relativos a la situación de Montepío de la Minería, cuyo expresidente José Antonio Postigo se acogió al igual que Fernández Villa a la amnistía fiscal en 2012, y a los ingresos recibido por el ex líder sindical de empresas como Hunosa y del SOMA-UGT durante sus años al frente de la organización.
En relación con Fernández Villa, PP y Foro solicitan además sus declaraciones de la renta y de patrimonio y, en el caso de la formación que lidera Francisco Álvarez-Cascos, el expediente completo de la inspección e investigación que le fue abierta.
Dado que el acuerdo alcanzado para constituir la comisión de investigación pedía extenderla además a los fondos mineros, los distintos grupos requieren, aunque con diversos formatos de solicitud, los expedientes de la mayoría de actividades desarrolladas en Asturias con cargo a esas partidas desde 2008.
Esas peticiones hacen alusión tanto a las ayudas recibidas por las empresas -costes producción, precio de compra de carbón por las centrales térmicas, ayudas al cese de actividad o prejubilaciones- como a las ayudas destinadas a la reactivación de las cuencas.
La relación incluye además los proyectos empresariales aprobados, los criterios para dar prioridad a la concesión de solicitudes de las ayudas, el seguimiento de las mismas o posibles incumplimientos por parte de las compañías beneficiarias de las subvenciones.
También se requiere datos sobre las cantidades destinadas a formación con cargo a los fondos mineros y sobre las infraestructuras financiadas con estas partidas desde 1998.
Según ha señalado a Efe el portavoz socialista, Fernando Lastra, los servicios de la Cámara deberán ahora dar «cierto orden» a la información solicitada dado que en ocasiones son datos similares «pedidos con un lenguaje distinto» y agruparla por destinatarios con el objetivo de «acotar» el ámbito de la documentación requerida.
Para el diputado de UPyD y presidente de la comisión, Ignacio Prendes, dado que en muchos casos las demandas son coincidentes por parte de los distintos grupos será necesario apelar a la necesaria colaboración entre administraciones para que, tanto a nivel del Principado como del Estado, se remita a la mayor brevedad posible.
«Se trata de un asunto clarísimo de interés público para Asturias y no se entendería que no se respetase la reiterada apelación a la transparencia en las administraciones», ha señalado Prendes a Efe.
El parlamentario magenta ha incidido en la escasez de tiempo de que dispone la comisión para realizar sus trabajos dado que el mes de diciembre está prácticamente reservado en el Parlamento para la tramitación del presupuesto y que la Junta quedará disuelta en marzo de cara a las elecciones autonómicas del 24 de mayo.
Así, la Junta remitirá mañana mismo las peticiones de información a las distintas administraciones, empresas y organismos que dispondrán de un plazo de quince días inicial para remitir los documentos aunque este periodo podría ser ampliado.
La comisión Villa volverá a reunirse en la primera quincena de enero para estudiar las peticiones de comparecencias y fijar el calendario para celebrarlas en la última semana del próximo mes.
