Gijón, 2 dic (EFE).- La asamblea de información y denuncia sobre políticas sociales ha entregado hoy 1.000 firmas en el Ayuntamiento de Gijón para pedir la modificación de las normas de las ayudas de emergencia social.
En el escrito, los firmantes exigen que estas prestaciones se constituyan como un derecho complementario al Salario Social Básico y se dejen de concebir como «préstamos teniendo que devolverlas con posterioridad».
Asimismo, solicitan que el remanente económico de la Fundación Municipal de Servicios Social vaya destinados a garantizar estas ayudas.
Respecto a las quejas de la asamblea, la concejala de Bienestar Social, Eva Illán, ha asegurado que el Ayuntamiento «jamás se ha cerrado en banda» a mejorar su política social y las ayudas de emergencia, que en el actual mandato se han incrementado un 500 por ciento, ha apuntado.
No obstante, Illán ha señalado que hay algunas peticiones que no pueden ser asumibles como el hecho de que estas prestaciones «no tengan ningún tipo de control», ya que, según ha dicho, la mayor parte de las demandas son «reales» y «corresponden a situaciones de necesidad» aunque también hay algún caso de «picaresca».
La edil ha pedido a la asamblea vías de interlocución «razonables y sensatas» al tiempo que ha denunciado «determinadas formas de reivindicación», como la entrada de este colectivo en las dependencias de la Fundación de Servicios Social con el consiguiente «amedranto» para las trabajadoras.
Por otro lado, preguntada por el nombramiento de Graciela Blanco como nueva consejera de Bienestar Social, ha confiado en que la «buena relación personal» que les une «se materialice en una mejora de la coordinación y el trabajo conjunto» entre el Ayuntamiento y su departamento.
Illán le ha mostrado su «absoluta colaboración y lealtad» en todo lo relacionado con la mejora de los servicios de Gijón.
