Oviedo, 12 nov (EFE).- El Principado de Asturias se verá «obligado» a recurrir de nuevo a la vía judicial para que el Gobierno central dé cumplimiento a la sentencia que le reconocía el derecho a recibir hasta 213 millones con cargo a los convenios de las obras programadas dentro de los fondos mineros hasta 2011.
Según ha anunciado hoy en rueda de prensa el consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre, esta decisión, que será estudiada por los servicios jurídicos del Principado, que podrían solicitar como primera medida la ejecución de la sentencia, se llevará a cabo tras constatar que el Gobierno ha optado por colocarse «en rebeldía frente a la justicia» al negarse a cumplir dicha resolución.
Torre ha respondido así al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, que ayer aseguró durante una comparecencia en el Congreso, que la sentencia no obliga al Ministerio de Industria a pagar «todas las obras» y justificó la decisión del Gobierno en los errores en los plazos cometidos en su tramitación.
Según Nadal, la Secretaría de Estado y el Instituto del Carbón deberán analizar ahora dónde se han producido los incumplimientos «y por qué» y se pagarán las obras que cumplan los requisitos, a la vez que negó que esta decisión estuviera relacionada con la decisión adoptada por el Consejo de Ministros el 30 de diciembre de 2011 de suprimir los fondos mineros destinados a infraestructuras.
Para el consejero asturiano, Nadal parece desconocer el contenido de la sentencia que, entre otras cuestiones, imponía al Ministerio la obligación de dar audiencia al Principado y a constituir una comisión entre ambas administraciones para estudiar caso por caso la situación de cada proyecto.
Torre ha incidido en que durante el proceso judicial abierto en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, el Ministerio sí aludió a la anulación de los fondos mineros para justificar estos impagos y ha desatendido los múltiples requerimientos del Principado para consensuar el cumplimiento de la sentencia.
A juicio del titular de Economía, si el Gobierno central tuviera voluntad de cumplirla no habría tenido ningún problema en satisfacer ya, al menos, las cantidades correspondientes a los proyectos que fueron ejecutados en su integridad dentro del plazo previsto.
De los 58 convenios por los que pleiteó el Principado, que ha planteado otra dos reclamaciones sobre los proyectos de 2012 (53,3 millones) y tramita otra para 2013 (68,1 millones), otros están también ejecutados en su integridad, aunque se justificaran fuera de plazo, y un tercer grupo sólo se ha llevado a cabo parcialmente.
En este sentido, Torre ha incidido además en que la propia sentencia establece la posibilidad de que, aunque la obra no esté finalizada en su integridad, el Instituto del Carbón tenga que pagarla y considera además que el hecho de que las justificaciones se presentaran fuera de plazo no es óbice para que sea abonada.
La demanda inicial fue presentada por el Gobierno de Foro ante la Audiencia Nacional y después replanteado por el Ejecutivo socialista ante el juzgado de lo contencioso que estableció en su sentencia que la anulación del pago de fondos ya comprometidos no puede atribuirse a una falta de disponibilidad presupuestaria sobrevenida con lo que no puede aducir «falta de recursos» para hacerles frente.
