Oviedo, 1 nov (EFE).- Los grupos parlamentarios de Foro y PP en la Junta General del Principado han solicitado hoy conocer las relaciones que haya mantenido la administración autonómica con las empresas vinculadas a la denominada trama ‘Púnica’ y con los responsables políticos detenidos dentro de esta operación.
En el caso de Foro, su diputado Manuel Peña ha formulado una pregunta a la consejera de Educación, Ana González, para que informe del acuerdo de colaboración suscrito con la Diputación de León para la gestión conjunta de las estaciones de esquí asturianas y la leonesa de San Isidro.
El parlamentario forista asegura que dicho acuerdo «no es rentable para los asturianos» y contempla entre otras actuaciones conjuntas forfaits conjuntos, Forfait diario interestaciones para abonos anuales y Forfait cuatro días, cuatro estaciones».
Además, el parlamentario pide información sobre las negociaciones abiertas entre ambas administraciones para construir una canalización eléctrica que conecte la estación asturiana de Fuentes de Invierno con la subestación eléctrica de San Isidro.
Por su parte, la diputada del Grupo Popular Victoria Delgado ha registrado en la Junta General una solicitud para disponer de la copia íntegra de todos los expedientes de contratación de obras, servicios y suministros, incluidos los contratos menores, suscritos por el Principado con la empresa Cofely España.
Estas iniciativas se han registrado después de que el presidente del Principado, Javier Fernández, ofreciera ayer «transparencia total» y pusiera a disposición «del que quiera verlos» los contratos que la administración autonómica ha suscrito con dicha compañía, implicada en la denominada operación Púnica.
Según Fernández, Cofely trabaja en Asturias desde la década de los años ochenta en actividades como el mantenimiento de centros de salud o en programas de ahorro energético sin que desde el Principado se hubiera detectado «nada» en relación con esta sociedad.
El jefe del Ejecutivo hizo el mismo planteamiento en relación con el convenio suscrito con la Diputación de León -cuyo presidente, Marcos Martínez, se encuentra en prisión sin fianza- para conectar la estaciones de esquí asturianas con la de San Isidro.
Según el auto dictado por el juez Eloy Velasco, el presidente de la Diputación de León habría puesto en marcha procedimientos de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro en los que únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas a Alejandro de Pedro, uno de los «conseguidores» de la trama.
