Oviedo, 11 sep (EFE).- El Gobierno asturiano ha asegurado hoy haber remitido ya al Ministerio de Industria toda la información sobre la situación de los convenios de fondos mineros afectados por la sentencia que reconocía el derecho del Principado a recibir hasta 213 millones para financiar los proyectos suprimidos en 2011.
«El Gobierno no puede esgrimir ese argumento para no cumplir una sentencia que está obligado a cumplir y debe sentarse con el Principado para analizar todos los convenios», ha subrayado el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo regional, Guillermo Martínez, tras la reunión del Consejo de Gobierno.
Según Martínez, nada más recibir la segunda sentencia relativa a los fondos mineros, el Principado dio «todos los pasos» para garantizar la ejecución de las resoluciones judiciales «y lo primero que hizo fue poner a disposición del Gobierno de España toda la información y el análisis del estado de todos esos proyectos y si pide alguna documentación adicional, la facilitará».
La Audiencia Nacional rechazó el pasado mes de mayo el recurso del Gobierno central contra la sentencia que admitido los planteamientos del Principado al estimar que la anulación de los fondos mineros ya comprometidos con Asturias no respondían a una «imposibilidad económica sobrevenida».
La sentencia fue recurrida ante la Audiencia Nacional por el Gobierno central que, en su primer Consejo de Ministros en diciembre de 2012 suspendió el pago de los fondos mineros destinados a infraestructuras, y el Principado reclamó, por su parte, que se le obligase a cumplir temporalmente la sentencia dado el perjuicio social y económico causado con este retraso.
La iniciativa de Foro, que ha sido rechazada por la Comisión de Industria, pedía al Gobierno que cumpliese la sentencia y tramitase el correspondiente procedimiento en cada uno de los convenios objeto de recurso en los que, previa audiencia de las administraciones interesadas, se determinen las cantidades adeudadas.
Martínez ha criticado también a la decisión del Gobierno central de desviar 2,8 millones de la reactivación económica de las cuencas a desarrollar proyectos ambientales relacionados con el tratamiento de residuos orgánicos generados por el sector porcino.
«Este tipo de actuaciones no dejan de sorprender, pero forma parte de la línea seguida por el Gobierno en su falta de apoyo a la minería», ha añadido.
