Guillermo Martínez ha destacado que estas iniciativas demuestran “nuestra vocación por la transparencia y el acceso a la información, una voluntad que renovamos con la presentación en esta cámara del proyecto de ley, un nuevo compromiso cumplido por el Gobierno del Principado de Asturias, que supone el tercer proyecto de ley presentado por la Consejería de Presidencia y que confiamos goce del mayor de los consensos”.
En caso de contar con el apoyo mayoritario de la Cámara, la Ley de Transparencia permitirá un mayor control y seguimiento en la Administración del Principado de Asturias, ordenando el modo en que la ciudadanía accede a la información pública y consecuentemente en la forma en que ésta es suministrada, organizando esa convivencia para preservar el derecho de los asturianos y asturianas a un conocimiento veraz de lo público especialmente en el uso y administración de los recursos.
Las principales novedades de este proyecto de ley respecto a la ley estatal vigente tienen que ver fundamentalmente con las medidas para la transparencia informativa, la publicidad activa, la reutilización de la información pública y el derecho de acceso a la información. Además, incorpora algunas singularidades respecto a la forma de evaluación de las políticas públicas y la participación ciudadana, así como medidas innovadoras como el Plan Estratégico o el Distintivo de Transparencia.
Las instituciones afectadas por la norma son todas las públicas: Gobierno autonómico y ayuntamientos; organismos y entes públicos dependientes de las administraciones autonómicas y municipales; Universidad de Oviedo; Junta General del Principado; Sindicatura de Cuentas; Consejo Consultivo; Consejo Económico y Social; corporaciones de derecho público y colegios profesionales del Principado de Asturias; las sociedades mercantiles en cuyo capital social sea mayoritaria la Administración del Principado o las administraciones locales; las fundaciones del sector público; y las asociaciones de administraciones públicas, con excepción de aquellas en las que participe la Administración del Estado.
También estarán sujetas en parte a esta normativa sobre publicidad activa las entidades privadas como partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, así como entidades privadas que perciban durante un año ayudas de las administraciones autonómicas superiores a 50.000 euros o que supongan al menos el 40% del total de sus ingresos anuales, siempre que alcancen un mínimo de 3000 euros (la ley estatal fija un mínimo de 5.000).
En este sentido, tal y como ha puesto de manifiesto Guillermo Martínez, el Gobierno del Principado de Asturias establece un límite más restrictivo que la normativa estatal: mientras que ésta fija en una cuantía superior a 100.000 euros el importe de ayudas o subvenciones para que las entidades están obligadas a publicar la información, en la normativa autonómica la cifra se rebaja en 50.000 euros.
Por otra parte, en relación a los sujetos obligados a suministrar información, en la normativa regional, a diferencia de la estatal, se incluye la imposición de multas coercitivas a quienes no faciliten la documentación solicitada en el plazo conferido por la administración.
Y en lo que respecta al bloque de información institucional y organizativa, la ley estatal sólo obliga a publicar el organigrama actualizado y el perfil y trayectoria profesional de responsables de diferentes órganos, mientras que la ley autonómica detallará: el número, nivel y retribuciones de cada puesto de trabajo del conjunto de empleados públicos; los contratos de alta dirección suscritos trimestralmente; y el número de personas con dispensa parcial o total por razones sindicales y número de hora sindicales utilizadas.
Asimismo, se publicará la deuda pública de la Administración autonómica, indicando su evolución, endeudamiento por habitante y endeudamiento relativo.
El proyecto de ley amplía el ámbito de evaluación de las políticas públicas con el objetivo de mejorar la calidad y la transparencia de las mismas. Este apartado constituye uno de los aspectos más novedosos de la normativa e implica que el Gobierno del Principado evaluará el conjunto de sus políticas con independencia de que se articulen en planes plurianuales u otro tipo de documentos estratégicos. Hasta ahora, venía siendo habitual la evaluación que incluyen planes transversales o específicos de diversa índole, como por ejemplo el Plan sobre Drogas o el Plan de Salud, Seguridad y Medio Ambiente Laboral, entre otros muchos.
Además, la ley promueve consultas ciudadanas para testar el grado de satisfacción con las políticas promovidas por el Ejecutivo. Los ciudadanos podrán acceder a toda la información pública a través del Portal de Transparencia, en la web oficial. El proyecto también regula fórmulas para que los ciudadanos y ciudadanas contribuyan con sus iniciativas y, a la vez, evalúen el funcionamiento de las instituciones públicas. Entre ellas destacan las Plataformas de Gobierno Abierto, que permitirán, a través de Internet, canalizar propuestas y opiniones sobre iniciativas institucionales.
La iniciativa prevé la elaboración de un Plan Estratégico de Transparencia, que será aprobado por el Consejo de Gobierno en cada legislatura, y que dispondrá todas las medidas dirigidas a promover y desarrollar las políticas de transparencia en la comunidad autónoma.
El proyecto incluye además, y con un planteamiento similar al de la ley estatal, la creación de dos órganos que velarán por el buen cumplimiento de la normativa:
– El Consejo para la Transparencia del Principado de Asturias, un órgano caracterizado por su independencia, adscrito al Consejo Consultivo, que será el encargado de resolver exclusivamente las reclamaciones en materia de acceso a la información.
– La Comisión de Transparencia, un órgano de carácter participativo entre cuyas funciones figuran la elaboración anual de una memoria para evaluar el grado de cumplimiento de la ley y la adopción de recomendaciones para facilitar el cumplimiento de la ley.
El Distintivo de Transparencia reconocerá a las administraciones, entidades y organismos que destaquen por la aplicación de políticas de transparencia, un incentivo que permitirá incidir en práctica de estas políticas.
El consejero de Presidencia se ha mostrado “plenamente convencido” de que este nuevo proyecto normativo “será un buen sello de calidad” para la Administración del Principado de Asturias porque, entre otras cuestiones, “promoverá una política más transparente, participativa e inclusiva, pondrá en valor la transparencia institucional, contribuirá a la cultura de la ética, eficiencia y transparencia pública y facilitará la articulación de canales de diálogo con la ciudadanía”.
