Oviedo, 28 ago (EFE).- Las arcas del Principado dejarán de ingresar entre 46 y 55 millones de euros con la aplicación del impuesto estatal sobre los depósitos bancarios en lugar del autonómico que está en vigor en Asturias, según ha asegurado hoy la consejera de Hacienda y sector Público, Dolores Carcedo.
Carcedo ha comparecido hoy en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno regional, en el que se ha acordado solicitar el dictamen preceptivo al Consejo Consultivo para presentar un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional sobre el impuesto estatal a los depósitos bancarios.
El pasado 4 de julio el Gobierno central elevó del cero al 0,03 por ciento el tipo de su impuesto sobre la banca, con el que el Principado podría obtener unos 5 millones de euros, si la recaudación es cedida a las administraciones autonómicas.
El servicio jurídico del Principado elaboró un informe el 14 de agosto en el que estima que existen argumentos suficientes para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra los cambios introducidos en tal real decreto.
Entre los motivos propuestos por los servicios jurídicos para interponer el recurso destaca el que no se haya justificado la urgencia en la regulación de este impuesto.
En consecuencia, no concurren los presupuestos constitucionalmente exigidos para regular esta materia mediante decreto-ley y no a través de una ley ordinaria.
Los servicios jurídicos también han advertido de que el Gobierno central no contempla mecanismo alguno de compensación para aquellas autonomías -como Asturias- que ya contaban con este tributo con anterioridad, por lo que se estaría vulnerando la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.
El real decreto-ley -que entraría en vigor desde el 1 de enero de 2014- tampoco respeta los límites constitucionales a la retroactividad tributaria desarrollados por el Tribunal Constitucional.
Con esta decisión, el Gobierno del Principado sigue los mismos pasos que tomó el año pasado, cuando el 16 de marzo de 2013 acordó interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.
El recurso fue admitido a trámite por el pleno del Tribunal Constitucional el 23 de abril de 2013.
