Oviedo, 21 ago (EFE).- La empresa Construcciones Alfredo Rodríguez (CAR) interpondrá una denuncia penal contra la consejera de Educación, Ana González, por prevaricación, falsedad e injurias y calumnias después de que el Principado anunciase ayer la paralización de las obras de ampliación del colegio Ruiz-Tilve.
La Consejería había denunciado el incumplimiento de las condiciones estipuladas para las obras de ampliación del colegio -un nuevo aulario para 18 unidades adjudica a CAR por 2,4 millones tras ser licitado en 4,3 millones- al plantear, una vez firmado el contrato, una serie de exigencias entre las que figuraban un mayor desembolso económico y el uso de materiales de menor calidad.
En un comunicado, CAR ha negado hoy haber planteado exigencias económicas adicionales ni haber incumplido ningún compromiso y afirma haber ofertado incluso reducir el plazo de ejecución de quince a doce meses a la vez que acusa a la Consejería de impedirlo y de haber exigido el inicio de una construcción «condenada al fracaso por irregularidades financieras, legales y técnicas».
CAR, que considera que Educación ha pretendido en todo momento que no se pudiese llevar a cabo el proyecto «intentando culpabilizar a la empresa», afirma haber advertido a la firma del acta de replanteo de forma verbal que no se había realizado por la administración el estudio geológico del solar.
Asimismo, inciden en que tampoco se acudió por los técnicos de la Consejería al replanteo con el Ayuntamiento de Oviedo y que el proyecto tenía importantes defectos, sobre todo de estructura, «que ponían en riesgo la seguridad del edificio», advertencia a la que, según CAR, respondió la Consejería exigiendo que las obras se iniciaran de forma inmediata «por cuestiones políticas».
La constructora asegura haber trasladado por escrito las supuestas irregularidades del proyecto a la Consejería sin obtener respuesta lo que llevó a la empresa a renunciar al contrato el pasado 30 de julio sin haber iniciado las obras.
Según la empresa, las máquinas que accedieron al solar donde debía acometerse la ampliación del colegio eran las de la empresa de geología contratada por la Consejería «tarde y mal para hacer un informe geológico fuera de plazo» y que no fue entregado a CAR.
La empresa asegura que la renuncia a la obra le ha causado importantes perjuicios tras presentar un aval de más de cien mil euros dedicar cientos de horas de trabajo a un proyecto «inviable» que carece de estudio geotécnico ni de plan de seguridad ni de la planificación para que pudiera dar comienzo.
El proyecto, añade CAR, no está financiado de forma ajustada a la Ley y se incumple la Ley Presupuestaria además de anunciarse por la Consejería que se pagará con cargo a fondos europeos aún no aprobados «y citando reglamentos comunitarios derogados».
La empresa asegura haber puesto estos hechos en conocimiento de la Intervención General del Principado y anuncia que hará lo propio ante la Sindicatura de Cuentas y afirma no poder tolerar la «absoluta y descarada mentira» de la Consejería lo que les ha llevado a pedir a sus abogados que acudan a los tribunales.
Por último, la constructora se pone a disposición de la dirección del colegio y de la Asociación de Padres «para demostrar con papeles y técnicos la falsedad de lo manifestado» por la Consejería.
Según la Consejería, las variaciones planteadas por la empresa suponían una merma en las calidades, una alteración en las anualidades previstas para su financiación y una garantía del cobro del 10 por ciento de la liquidación final de la obra lo que suponía un sobrecoste que el Principado «no estaba dispuesto a aceptar».
