Oviedo, 10 jul (EFE).- El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha trasladado hoy a los trabajadores de la administración de justicia el «rechazo frontal» del Principado a la privatización encubierta de los registros civiles.
Martínez se ha reunido con la Junta de Personal y la Plataforma de Justicia para abordar las «nefastas consecuencias» del decreto-ley, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros y que entrará en vigor en julio de 2015, según el cual los registradores mercantiles asumirán las funciones del Registro Civil.
El consejero ha expuesto que el Gobierno del Principado «rechaza rotundamente esta medida, que sólo persigue una privatización encubierta de los registros civiles» y que en el caso de Asturias supondrá la reorganización de 96 empleados públicos y alejará este servicio de la ciudadanía.
A la reunión, en la que también ha participado el director general de Justicia e Interior del Principado, José Luis Villaverde. han asistido representantes de CCOO, UGT, CSIF, Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, Unión Sindical Independiente de Trabajadores y CSI.
Martínez ha señalado en la reunión que el Gobierno asturiano solicitará al Ministerio de Justicia que convoque la Conferencia Sectorial para abordar la reforma del Registro Civil «con el rigor que precisa» y con voluntad de consenso.
El consejero ha subrayado que el Gobierno central comunicó la iniciativa a las comunidades autónomas durante la reunión de un grupo de trabajo de la Conferencia Sectorial de Justicia, al mismo tiempo que el Consejo de Ministros aprobaba la medida, sin dar opción a negociarla.
Martínez ha advertido de que el cambio supondrá «la eliminación de un servicio esencial para la ciudadanía y provocará desigualdad territorial», ya que los registros civiles actualmente presentes en todos los municipios asturianos desaparecerán a favor de una única sede, el Registro Mercantil ubicado en Oviedo.
Además, ha insistido en que la norma traslada a las comunidades autónomas la custodia de los libros de registro civil, con lo que el Gobierno del Principado de Asturias deberá asumir el coste de disponer de un archivo central al servicio de los registradores mercantiles.
El consejero también ha censurado la técnica legislativa utilizada, a través del Real Decreto Ley, una figura jurídica que, según la Constitución, el Gobierno puede usar «en casos de extraordinaria y urgente necesidad».
Martínez también ha manifestado su preocupación por las «incertidumbres e inconcreciones» que se derivan de la creación de un nuevo ente, la Corporación de Derecho Público, que financiará la plataforma digital para la tramitación de expedientes y certificados.
