Oviedo, 30 jun (EFE).- Más de 70 trabajadores y representantes sindicales de UGT y CCOO tienen abiertos procesos judiciales o se enfrentan a multas de entre 200 y 3.000 euros por actuaciones derivadas de su participación en movilizaciones y huelgas desarrolladas en Asturias durante los últimos meses.
En todo el país hay unos 300 sindicalistas expuestos a juicios y procesos por su participación en huelgas o movilizaciones con lo que uno de cada cuatro afectados se encuentra en Asturias.
En concreto, en UGT Asturias hay abiertos 14 procesos que afectan a 41 trabajadores, mientras que en el caso de CCOO son 32 los que están acusados de altercados o deterioro de bienes públicos, entre otros delitos, según los datos facilitados hoy por ambos sindicatos, que han denunciado la actuación que está teniendo el Gobierno del PP que, en su opinión, está cercenando el derecho a la huelga.
El secretario general de UGT Asturias, Justo Rodríguez, y el de Acción Sindical de CCOO, Gilberto García, se han reunido hoy con el secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana, Jesús Gutiérrez, par analizar la situación que se vive en torno al derecho de huelga y estudiar la posibilidad de articular alguna iniciativa parlamentaria de apoyo a los sindicatos.
Ésta es la primera reunión que ambos sindicatos han llevado a cabo entre los cinco grupos con representación parlamentaria, con los que se irán reuniendo en los próximos días.
Según Gutiérrez, es «preocupante» la actitud del Gobierno del PP con unos representantes sindicales a los que «trata de criminalizar» en un «claro intento de desactivar el movimiento sindical».
«Al Gobierno le molestan los sindicatos reivindicativos, cuando lo que debería de molestarle es que haya seis millones de parados», ha afirmado Gutiérrez, para quien «da la sensación de que se está en una dictadura silenciosa donde se quiere que nadie haga ruido».
Braga ha incidido en que hay «inquietud» en los sindicatos por la «persecución de la que son objeto, por la limitación del derecho ala huelga» y por trata a quienes han perdido el empleo como si fuesen delincuentes.
Ha denunciado que en una región en la que se han perdido 80.000 empleos se quiere intimidar a los trabajadores par que no ejerzan su derecho a la huelga.
En términos similares se ha manifestado García, al destacar que el Gobierno «recurre al miedo como elemento fundamental» para que los trabajadores y sindicalistas no ejerzan sus derechos.
De hecho, ha afirmado que en esta región hubo hace años huelgas generales y sectoriales sin parangón con las que las últimas épocas en las que no se actúa contra hechos concretos si no de forma generalizada contra lo que es la movilización.
