Oviedo, 6 jun (EFE).- El pleno de la Junta General del Principado ha aprobado hoy el proyecto de ley de extinción de la Cámara Agraria, un organismo creado en 1997 y cuyas funciones de colaboración, consulta y asesoramiento habían ido decayendo progresivamente hasta llegar a ser inexistentes.
La Cámara Agraria, cuyos ingresos fueron disminuyendo progresivamente hasta resultar insuficientes para su mantenimiento y cuya existencia dejó de ser obligatoria en 2005, seguía existiendo jurídicamente como corporación de derecho público, pero sin desarrollar función alguna y sin contar con financiación.
La iniciativa ha salido adelante con el voto de PSOE, PP e IU, el rechazo de Foro y la abstención de UPyD mientras que los votos de socialistas y populares han rechazado las enmiendas presentadas por el resto de grupos que pedían, entre otros aspectos, que el personal que trabaja para la Cámara Agraria se incorporase a la plantilla de la administración autonómica.
La ley prevé la creación de una comisión liquidadora, formada por tres representantes de las organizaciones profesionales agrarias y cuatro representantes del Principado, que deberá formarse en el plazo de un mes y sus trabajos deberán estar finalizados en el plazo de seis meses desde su constitución.
Esta comisión adoptará también decisiones sobre el personal, cuya plantilla está compuesta por dos personas con contrato laboral indefinido, y realizará la valoración del patrimonio inmobiliario y la cuantificación de las deudas acumuladas.
La liquidación del patrimonio de la Cámara Agraria se destinará a las organizaciones profesionales agrarias más representativas en Asturias para ser destinado a fines y servicios de interés agrario.
A esta iniciativa se ha opuesto el colectivo Asturias Ganadera, compuesto por diez asociaciones, que rechaza la entrega de los locales, garajes y de 650.000 euros de la Cámara Agraria a los sindicatos «convencionales» (UCA, ASAJA y COAG).
A su juicio, con la entrega de este patrimonio público por parte del Principado «se compra el silencio» de estos sindicatos, que «se ven presionados a callar ante los graves problemas del campo» y cuya representatividad cuestiona Asturias Ganadera.
