Oviedo, 2 abr (EFE).- El portavoz de IU en el Parlamento asturiano, Ángel González, ha proclamado hoy su honradez «política, personal y profesional» y ha defendido su inocencia al finalizar el juicio celebrado contra él en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) por un presunto delito de prevaricación.
González ha hecho estas afirmaciones en su turno de última palabra después de que el fiscal mantuviera su petición de condena de siete años de inhabilitación por su actuación como viceconsejero al intervenir para fraccionar de forma presuntamente ilegal los contratos para colocar hitos en las fosas comunes del franquismo.
«He cumplido con mi obligación: aplicar las decisiones políticas y la ley», ha asegurado ante el tribunal en alusión a la normativa de Memoria Histórica cuya aplicación, ha señalado después a los periodistas, compete a todos los públicos, «también a la Justicia».
González ha lamentado además el retraso en su desarrollo por las distintas administraciones tras advertir que «en España no se quiere pasar página».
Según el exviceconsejero de Bienestar Social, la acusación se basa las declaraciones «falsas» de una funcionaria que, «siendo parte interesada en el proceso como máxima responsable de la contratación, se la ha considerado testigo», que cambió sus declaraciones y con la que ha negado que se reuniera, tal y como ella testificó.
Asimismo, ha negado haber intervenido en el proceso de tramitación del contrato y ha cuestionado que la supuesta ilegalidad cometida por él no fuera reflejada en ningún documento por los empleados públicos encargados de llevar adelante el expediente.
«En toda mi experiencia en la administración siempre he confiado en los funcionarios o empleados públicos. Ahora me entran las dudas de no haber hecho una revisión a fondo. Comprobar precios, número de hitos, tipo de contrato, etc. Es decir, sustituir el trabajo de otros y generar una administración ingestionable», ha añadido.
Su proceso demuestra, a su juicio, que existen técnicos en la administración «que como mínimo deberían reciclarse un poco y no generar inseguridad jurídica a las primeras de cambio» dado que, de esta forma, «cualquier responsable público pueda ser acusado sólo porque alguien declare que verbalmente haya dicho algo», pero sin presentar ninguna advertencia o informe por escrito.
Según González, la Fiscalía habla de un fraccionamiento ilegal de contratos sin explicar esta circunstancia y ha advertido de que el contrato no produjo «perjuicio ni beneficio para nadie».
Ha añadido que ningún gobierno posterior ha iniciado ningún procedimiento de anulación de los mismos, a la vez que ha destacado que las consideraciones de la Sindicatura y del Tribunal de Cuentas que dieron origen al proceso son similares a las que plantean en muchos otros casos.
También el segundo acusado, Roberto Moro, secretario general técnico del departamento de Bienestar Social cuando González era viceconsejero, ha defendido su inocencia en su último turno y ha cuestionado que la calificación de un jurídico de un contrato -de obra o de suministro- pueda dar lugar a proceso penal.
«Los funcionarios a veces nos equivocamos», ha admitido Moro, para el que el fiscal pide también siete años de inhabilitación para cargo público, tras señalar que solventar estas cuestiones en los tribunales daría lugar a una «actuación defensiva» de los empleados públicos que dificultaría el desarrollo de la labor administrativa.
