Oviedo, 28 mar (EFE).- El Gobierno del Principado de Asturias ha presentado hoy un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la reforma local impulsada por el Ejecutivo central en «defensa» de las competencias de la comunidad autónoma.
El viceconsejero de Administraciones Públicas, Álvaro Álvarez, en su intervención en la Asamblea General Anual de Federación Asturiana de Concejos (FACC), ha anunciado la presentación de este recurso al considerar el Principado que la normativa incluye aspectos anticonstitucionales.
Entre los principales argumentos para presentar este recurso, Álvarez ha apuntado la asignación de competencias a la comunidad autónoma que antes eran de los ayuntamientos.
Ha indicado que la reforma local elimina la personalidad jurídica de las parroquias rurales, con gran arraigo en el Principado y reguladas en su Estatuto de Autonomía.
Además, ha añadido, la nueva ley resta competencias a ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, lo que supondrá una «pérdida de la calidad de servicios y de la reducción de derechos para los ciudadanos».
Con esta decisión, el Ejecutivo que preside el socialista Javier Fernández ha llevado ya ante el TC la Ley de Costas, la reforma educativa, los recortes presupuestarios en educación y sanidad, el impuesto sobre depósitos bancarios y el reparto del déficit entre las distintas administraciones públicas.
La iniciativa jurídica del Principado se ha sumado a los recursos presentados hoy por los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados (130 parlamentarios nacionales del PSOE, IU, UPyD, ERC, Compromís y Coalición Canaria) y del Gobierno andaluz a esta reforma local.
En su intervención ante la asamblea, el presidente de la FACC, Ignacio García Palacios, ha reclamado «una hoja de ruta» para el desarrollo de esta reforma local «sumamente compleja» que, según ha aseverado, «da pie a tantas y tan dispares interpretaciones que ha convertido el municipalismo en una especie de Torre de Babel».
Ante ello, ha pedido al Principado la creación de una mesa de trabajo que analice y adopte las medidas necesarias para adaptar esta nueva normativa y ha apuntado que en Asturias, como región uniprovincial, habrá «una mayor implicación en el desarrollo de esta normativa».
«Incluso no descartamos una ley asturiana de administración local que acomode la norma estatal a la realidad de nuestra región», ha subrayado García Palacios.
Álvarez ha expresado la «sensibilidad» del Principado a las peticiones de la FACC y ha anunciado que en los próximos días se formalizarán reuniones para avanzar en una «interpretación sensata de esta Ley que recorta derechos democráticos y servicios a la ciudadanía».
El representante regional ha pedido «lealtad institucional» por partes de ambas administraciones para consensuar la mejor elección de los servicios que en el futuro den los ayuntamientos ante la aplicación de esta normativa que, según ha recalcado, «traerá recortes de forma inevitable».
