Oviedo, 18 mar (EFE).- La comisión de investigación sobre el centro Niemeyer volverá a reunirse mañana, más de un mes después de que finalizasen las comparecencias ante este órgano parlamentaria, para analizar el escrito presentado por el representante de UPyD, Ignacio Prendes, en relación a los trabajos realizados.
Prendes anunció ayer que pediría una reunión tras constatar que el borrador elaborado por el presidente de este órgano, el popular Alfonso Román López, no hace «ninguna aportación significativa» a los trabajos realizados y que «no se acomoda al modelo que se le había solicitado» por parte del resto de los grupos.
Además, el parlamentario de UPyD advirtió de que el Gobierno no ha completado el envió de determinada documentación que le fue requerida por la comisión, en concreto el protocolo suscrito en 2007 entre el Ejecutivo y la Fundación Niemeyer que comprometió las cantidades a aportar por el Principado al centro cultural.
Según Prendes, la comisión no ha recibido el original de dicho documento ni tampoco el expediente para la cesión durante cincuenta años de los terrenos que ocupa el Niemeyer a la Fundación que lo gestiona y que, tras ser analizado en el último Consejo de Gobierno presidido por Vicente Álvarez Areces, no fue aprobado ante la oposición mostrada por los consejeros de Izquierda Unida.
En la relación de documentos aún no enviados figuran además los expedientes que se elaboraran por parte del Principado ante los cambios en los estatutos de la Fundación aprobados por el Patronato en sus reuniones de febrero y junio de 2011.
A las críticas de Prendes se ha sumado hoy la diputada de Foro Carmen Fernández que ha instado a López a presentar «un borrador de conclusiones y no un listado de comparecientes e informaciones solicitadas» y ha considerado que es «imposible» calificar un documento que no responde, a su juicio, «a la práctica correcta».
El borrador de dictamen elaborado por el presidente de la comisión Niemeyer señala que sus trabajos se limitaron a hacer «un juicio político» que ha exigido «un especial ejercicio de cautela» para respetar «estrictamente» la independencia del poder judicial».
El texto elaborado por Román López se ciñe a realizar una memoria de las actividades realizadas, que incluyeron la comparecencia de 57 personas ante la Cámara autonómica que generaron un gasto de 3.363 euros de los que 2.675 corresponden al alojamiento, manutención y desplazamientos de los nueve comparecientes que así lo requirieron.
Así, el borrador deja en blanco, a la espera del debate con el resto de los grupos, el análisis de los hechos tanto en lo relativo a la información facilitada como a las responsabilidades de miembros del Gobierno, altos cargos, empleados públicos de libre designación e integrantes del Patronato de la Fundación.
El texto considera demostrado el carácter público de la Fundación Niemeyer e incide en que su la tarea investigadora de la comisión no sólo tiene como destinatarios a los parlamentarios «sino también un papel fundamental en la instrucción de la opinión pública con el fin de orientarla críticamente en el ejercicio de su soberanía».
«La ‘verdad’ que pretende alcanzar la comisión con su dictamen es una verdad política, conformada por la voluntad mayoritaria de sus miembros», señala el borrador que recuerda que los trabajos de la comisión se han desarrollado mientras los tribunales investigaban las responsabilidades penales derivadas de estos hechos.
