Oviedo, 25 feb (EFE).- El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha mostrado hoy su rechazo a las reformas emprendidas por el Gobierno central que supondrán la desaparición de los juzgados de paz y la privatización de los registros civiles lo que representa, a su juicio, un deterioro de la administración judicial como servicio público.
Martínez ha defendido la continuidad de los Juzgados de Paz, los órganos encargados de prestaciones judiciales en municipios de menos de 7.000 habitantes y de los que se benefician un total de 227.030 asturianos, y ha señalado que, con desaparición, «se propiciará desigualdades para los ciudadanos de las áreas menos pobladas».
En Asturias existen 60 juzgados de paz de los que 36 son para municipios de menos de 7.000 habitantes, 7 para concejos por encima de esta población y 17 agrupaciones de juzgados de paz.
Estos organismos están radicados en los municipios donde no existe Juzgado de Primera Instancia e Instrucción y son atendidos por jueces que no pertenecen a la carrera judicial, pero son elegidos por mayoría absoluta por los ayuntamiento y nombrados por el Tribunal Superior de Justicia para un periodo de 4 años.
Entre sus competencias figuran las reclamaciones civiles inferiores a 90 euros; actas de conciliación de cualquier cuantía; algunas faltas tipificadas en el Código Penal, así como las funciones delegadas del Registro Civil, como la tramitación del expediente de matrimonio, nacimientos, matrimonios y defunciones.
Se trata, según Martínez, de un servicio público gratuito y valorado por la población sobre todo en lo referente a sus funciones en materia de Registro Civil al proporcionar a la ciudadanía constancia en sus actos y facilita el ejercicio de sus derechos .
A esta circunstancia se añade la anunciada Ley de Reforma Integral de los Registros, que encomienda su gestión a los registradores de la propiedad, a los que otorga plena capacidad en los aspectos de organización territorial, material y tecnológica.
Según el consejero, esta contrarreforma supone «una verdadera privatización de los registros civiles» y causará graves perjuicios en un servicio público que beneficia «a todos los ciudadanos, más allá de su situación económica o de su residencia en zona urbana o rural» al implicar un incremento «de los costes y de la burocracia».
La nueva ley provocará además, ha apuntado el titular de Presidencia, la desaparición de 96 puestos de trabajo públicos de los registros civiles -el 8,3% de la plantilla de funcionarios judiciales en Asturias- y generará dificultades de acceso para la población dado que hasta ahora cualquier ciudadano tiene acceso presencial en su municipio al registro civil.
Con la entrega a los registradores de la propiedad los trámites se harían únicamente en aquellos núcleos urbanos que dispongan de registros de la propiedad -16 en toda Asturias-, según Martínez, que ha alertado además del incremento de gastos para la ciudadanía.
Según ha informado el Gobierno regional, Martínez ha hecho estas declaraciones durante la visita que ha realizado al Juzgado de Paz de Aller, en Cabañaquinta, en el que ha estado acompañado por el director General de Justicia y Seguridad, José Luis Villaverde.
