Oviedo, 9 feb (EFE).- La diputada regional del PP ha anunciado hoy que su partido defenderá en la Junta General una iniciativa que obligue al Gobierno que preside Javier Fernández «a acabar con las desmesuradas e injustificables listas de espera actuales de la sanidad asturiana, que llegan incluso al año de demora».
La proposición no de ley que ha presentado el PP en el Parlamento regional reclama al Ejecutivo del PSOE que presente antes de que acabe la actual legislatura autonómica una norma que establezca con claridad los tiempos de espera máximos para recibir las distintas prestaciones sanitarias, para que los asturianos conozcan con precisión cuál va a ser el plazo de su atención en hospitales o centros de salud, informa este partido.
Delgado denuncia el «rotundo fracaso socialista en la gestión de las listas de espera, «con demoras estructurales, sistemáticas y progresivas que constituyen uno de los males endémicos del sistema de salud asturiano y suponen la principal queja de los usuarios», informa el PP.
La parlamentaria popular destaca que «no se pueden aceptar las tardanzas injustificadas en la atención de los servicios sanitarios», y añade que los asturianos «se sienten impotentes por una atención médica que no llega, con el evidente perjuicio para su salud».
Delgado acusa a la Consejería de Sanidad de «maquillar los datos para intentar ocultar esta evidencia», que, según afirma, «ha sido confirmada por gran parte de los profesionales de la sanidad y por los usuarios perjudicados por estas abusivas desatenciones».
En este sentido, señala que la gestión socialista de la Sanidad está generando «desconfianza, desconcierto y descrédito entre los asturianos» y que el objetivo del PP es que los ciudadanos puedan recuperar la confianza en el sistema público de salud.
«Queremos dotar de seguridad jurídica a los asturianos en sus relaciones con la Sanidad, y que el Gobierno de Javier Fernández se comprometa con los ciudadanos en un servicio prioritario y básico», subraya.
Con esta medida, Victoria Delgado apunta que «se lograría una atención sanitaria de mayor calidad y daría oportunidad a los asturianos a exigir responsabilidades por el mal funcionamiento del servicio de salud del Principado».
