El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de más de 783.000 euros para ampliar la plantilla de profesionales que tramitan los expedientes del salario social básico y las ayudas a la dependencia.
En concreto, 439.633 euros se dedicarán a financiar el programa temporal de refuerzo de gestión de la renta mínima autonómica, con el objeto de dar respuesta al incremento de solicitudes derivadas del impacto de la COVID-19, que se sitúa en torno a las 3.000. Esta iniciativa implica la contratación de 30 empleados públicos.
Otra partida de 344.000 euros irá destinada al contrato de 22 profesionales que fortalecerán el servicio de tramitación de las ayudas vinculadas a la dependencia. Esta medida está incluida entre las acciones del plan de choque puesto en marcha en 2019, que persigue que en septiembre de este año todas las peticiones en este ámbito se resuelvan en plazo.
