El diputado electo de FORO, Isidro Martínez Oblanca, se refirió el miércoles a las consecuencias de la última liquidación del sistema de financiación local, correspondiente a 2017, efectuada por el Ministerio de Hacienda y que obligará a 68 de los 78 ayuntamientos asturianos a reintegrar casi 9,5 millones de euros
Oblanca formula al Gobierno en funciones una iniciativa parlamentaria en la que se interesa por “la reforma del actual sistema de financiación tanto autonómica como local, vigente desde hace más de diez años y que ya debería haberse reformado hace cinco”.
Para el diputado forista, “este sistema de financiación es profundamente injusto con Asturias y con sus municipios ya que no se calcula conforme a peculiaridades que agudizan negativamente algunas características tanto de su territorio como de su población”.
“Cada día que pasa sin reformarse, el sistema de financiación penaliza a los asturianos e incumple la garantía constitucional de solidaridad e igualdad entre españoles y territorios, que debería tener en cuenta, en todo caso, la población, el envejecimiento, la dispersión y todas las demás circunstancias que inciden en el coste y encarecimiento de la prestación de servicios públicos”, afirmó el diputado que añadió que “deben tenerse en cuenta, además, que prácticamente todos los entes locales asturianos están asumiendo competencias ajenas con el fin de evitar la desatención de los habitantes de su municipio que, de otra forma, estarían abocados a abandonar sus localidades de residencia lo que incidiría aún más en el despoblamiento de la zona rural y al abandono de la agroganadería y de otros sectores económicos tradicionales”.
Oblanca recuerda en su iniciativa que el 26 de julio de 2017, una Comisión de Expertos creada para la revisión del sistema de financiación local concluyó en la necesidad de acometer:
- La redefinición del marco competencial de las entidades locales.
- La mejora de la equidad del sistema de financiación y con ella la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios públicos con independencia de su lugar de residencia.
- El refuerzo de la autonomía tributaria y la corresponsabilidad fiscal de los gobiernos locales.
- La racionalización y mejora técnica del marco tributario y de disciplina fiscal de las administraciones locales.
Finalmente, Oblanca considera “imprescindible que los ayuntamientos -caso de los de Asturias- reciban facilidades para acomodar sus cuentas, aplazar los pagos y evitar los agobios derivados de un desajuste que siempre acabarán sufriendo los propios ciudadanos con merma de los servicios e incidiendo en el desequilibrio entre españoles y en el alejamiento de los objetivos de cohesión”.