Sara Álvarez y Sonsoles Peralta, números 2 y 5 de la candidatura de VOX Asturias a la presidencia del Principado, se reunieron en Gijón con la Asociación de Centros Geriátricos de Asturias (ASCEGE) para conocer de primera mano la dramática situación que está atravesando el sector por las políticas del actual gobierno del Principado. El Principado es la región que menos paga a las residencias privadas por los usuarios con dependencia severa. Mientras Asturias abona 46 euros diarios, Cantabria paga a 58,65 euros, Castilla y León 49,15 y Guipúzcoa 95,05 euros.
Tras la reunión, VOX ha apoyado la negativa de la patronal a concurrir a más concursos que convoque el Principado mientras no mejore las condiciones económicas que ofrece, porque las mismas “no permiten prestar un servicio a la altura de las necesidades de nuestros mayores”, comenta Sara Álvarez Rouco, número 2 en la candidatura de Ignacio Blanco al Principado.
«Todo apunta a que hay un plan premeditado para suprimir la colaboración público-privada en la atención de nuestros ancianos para traspasar todos los usuarios a centros de titularidad pública, exactamente lo mismo que está sucediendo con la educación. Ello llevará aparejado un incremento de costes y el deterioro de la atención a nuestros mayores ligado a la burocratización e ineficiencias consustanciales al sector público.» afirma Sara Álvarez, número 2 de la candidatura de Vox al Principado.
“El Principado está discriminando a las residencias privadas en beneficio de la pública y lo que es más grave, impidiendo que los dependientes asturianos puedan elegir el geriátrico de su preferencia –añade Sara Álvarez Rouco-. Por eso VOX exigirá la equiparación de la compensación que perciben las residencias privadas con el coste real de las plazas en las residencias del ERA. No puede permitirse que el Principado haga la competencia desleal con dinero de los contribuyentes a quienes están arriesgando su propio dinero atendiendo a la población dependiente”.
“VOX defiende la instauración de un ‘bono de dependencia’ que permita al usuario decidir la residencia en la que quiere ingresar, lo que posibilitará que los distintos actores del sector compitan ofreciendo más servicios y mejorando la calidad de los mismos. El actual camino emprendido por el gobierno socialista del Principado pretende la eliminación de toda posibilidad de elegir y la imposición de un servicio único obligatorio de titularidad pública”, concluye.
