Palma, 11 ago (EFE).- Los auxiliares de servicios de la empresa Visabren, un total de 256 empleados que trabajan en lugares como el aeropuerto de Son Sant Joan, el centro comercial Porto Pi o el hospital Son Espases entre otros, están llamados a la huelga a partir del 26 de agosto en protesta por sus condiciones laborales.
CCOO de Construcción y Servicios ha informado en un comunicado de esta convocatoria de huelga, que retrasa la fecha prevista para iniciar los paros (el 10 de agosto) porque la empresa alegó ante el Tribunal de Arbitraje de Baleares que había defectos de forma en la misma.
La nueva huelga ha sido convocada entre el 26 de agosto y el 21 de septiembre, con paros en todos los centros de trabajo de Baleares entre las 07.00 y las 09.00 horas (salvo en el centro comercial Porto Pi donde serán de 10.00 a 12.00 horas) y por las tardes de 18.00 a 20.00 horas.
El presidente del comité de empresa de Visabren, Onofre Poll, ha recordado que el motivo de la convocatoria de huelga son las condiciones laborales de estos auxiliares de servicios (que trabajan principalmente dando información y atención a los usuarios) que «solo llegan a fin de mes a base de horas y horas».
El sindicato CCOO ha denunciado que este colectivo es «literalmente explotado por la empresa», mediante «condiciones de trabajo lamentables, desigualdades salariales, jornadas maratonianas, salarios de miseria y vulneración de las prerrogativas del Estatuto de los Trabajadores en materia de realización de horas extraordinarias, libranza mínima semanal y tiempo de descanso entre turno y turno».
El comité de huelga ha manifestado su discrepancia ante los servicios mínimos previstos, de un 75 %, por considerarlos abusivos. CCOO estudia impugnarlos porque considera que ni siquiera serían preceptivos porque «estos trabajadores no desempeñan ningún tipo de actividad esencial para la ciudadanía».
Por otra parte, CCOO de Construcción y Servicios ha informado de que ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra Visabren Grupo Trablisa, tras haber tenido conocimiento de que la empresa ha consultado a los trabajadores acerca de si van a secundar o no la huelga.
El servicio jurídico del sindicato considera estos hechos «una grave intromisión en el libre derecho de huelga de los trabajadores» por la que no descarta emprender acciones penales contra la empresa.
